Investigadores pertenecientes al grupo Áreas Dinámicas Naturales y Antrópicas (ADINA) de la Universidad Pablo de Olavide han realizado un estudio del impacto de proyectos urbanísticos abandonados en las zonas costeras de nuestro país, bajo una perspectiva a corto plazo y a largo plazo. Los resultados, publicados en la revista Journal of Coastal Research, ponen de manifiesto la existencia de fuertes consecuencias ambientales y socioeconómicas, tales como la pérdida de biodiversidad o el deterioro del valor paisajístico. Estos impactos vienen derivados de casos como los hoteles Atlante del Sol (Lanzarote) y Añaza (Tenerife), abandonados durante su construcción a principios de los años 70 y que aún siguen en pie, o los proyectos paralizados actualmente debido a la coyuntura económica.

“Las zonas costeras son lugares muy complejos, tanto por el carácter único de sus ecosistemas, como por el uso que el ser humano hace de ellas”, señala Fátima Navas, quien, junto a Rocío Carrero, Gonzalo Malvárez y Macarena Tejada, del Área de Geografía Física de la UPO, se plantearon la necesidad de analizar el efecto que

Grupo de investigadores del grupo Áreas denámicas naturales

Grupo de investigadores del grupo Áreas denámicas naturales

tiene sobre el entorno el hecho de que, tras cerca de 40 años, sigan en pie hoteles de veinte plantas a medio terminar y que continúe la descoordinación en la ordenación de las costas.

Los científicos han apuntado a Andalucía Innova que “si el proceso de urbanización significa acabar prácticamente con la biodiversidad de una zona, dejar un complejo residencial u hotelero a medio terminar tiene una repercusión aún mayor en el medio”. Un caso significativo analizado en el estudio es el de Atlante del Sol, ubicado en una zona volcánica de condiciones muy adversas para el mundo vegetal. “El entorno está lleno de plantas especialmente adaptadas al medio y que tardan mucho en desarrollarse”, señala Rocío Carrero, quien subraya que en un amplio radio alrededor del edificio abandonado “no crece nada desde hace 20 años”.

A raíz de esta infertilidad del suelo, otro de los problemas medioambientales que ha detectado el estudio es la erosión del terreno, que se ve agravada con la contaminación. Los alrededores de los edificios se transforman en una suerte de vertedero donde se acumulan basuras de diversa índole, con los riesgos para la salud que esto conlleva. A esto se suma la ocupación de la infraestructura por población sin recursos, viviendo en muy malas condiciones y sin un correcto tratamiento de residuos, que acaban irremediablemente afectando al entorno.

En materia medioambiental y también social, los investigadores han subrayado el impacto que tienen los proyectos abandonados sobre el paisaje del entorno. Los edificios se mezclan con la línea de playa, pero también con montañas o valles deteriorando el paisaje. “La topografía original cambia sustancialmente una vez empieza el proceso de urbanización, encontrándose a menudo montañas de tierra y grava, desechos o cobertura de asfalto”, señalan en el estudio.

Conflicto y desempleo

Siguiendo en la línea del impacto socioeconómico que conllevan los proyectos urbanísticos a medio terminar, el trabajo llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Pablo de Olavide apuntan hacia cuestiones como el desempleo. La primera de las consecuencias que desencadena el paralizar unas obras sine die afecta directamente a la población trabajadora. Los obreros de la construcción pierden su empleo, así como aquellos puestos que dependen de manera indirecta de esta actividad mediante subcontratas y los aspirantes a solventar la futura oferta laboral.

Otro de los factores importantes son los conflictos que se generan entre los distintos afectados por el abandono del edificio. Entre ellos destaca el que mantienen con el tiempo el sector privado y la administración pública, quien intenta hacerse cargo de la situación tras la quiebra de la constructora, y que comprende un largo proceso que, en ocasiones, concluye con una demolición como en el caso de Club Mediterranée de Cadaqués, o que se mantiene sin resolver. Existe también en este aspecto indefiniciones competenciales que acentúan los impactos en el territorio. Este es un aspecto recogido por el estudio, en tanto que analiza la situación concreta de posibles demoliciones asumidas por la administración tras la iniciación de proyectos privados.

“En los últimos 40 años se ha evolucionado mucho en el plano legislativo, hasta el punto de que mientras que a finales de los 50 había una única Ley del Suelo, hoy día tenemos cerca de 160 documentos en los que están implicados asuntos de administración del suelo, desde la Ley de Costas de 1988 hasta las leyes que soportan la planificación y la ordenación urbana a distintos niveles y escalas”, subraya Carrero. Una explosión reglamentaria que responde, según la investigadora, al intento del Estado por coordinar mejor los procesos de urbanización que se fueron de las manos en los 70 y que amenazan con volver a escaparse hoy.

En esta línea, el análisis efectuado desde la UPO señala sustanciales mejoras con el nuevo entramado legislativo, especialmente en lo relativo a la responsabilidad social. “Si una empresa abandona un proyecto, entran en acción cuestiones como la indemnización a los propietarios, la declaración de ruina, expropiación del terreno, etc. No es que sea fácil, lleva muchos años, pero existen estas medidas para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo que hace cuatro décadas” apunta la investigadora.

No obstante, en lo que se refiere a la responsabilidad ambiental, el estudio pone de manifiesto que aún queda camino por recorrer. Las leyes han ido introduciendo una preocupación por el medio y hay procedimientos como la evaluación del impacto ambiental en los que no se llegan a contemplar ciertos efectos si la obra se queda paralizada. “Existen todavía vacíos legales y metodológicos, aunque cuando se trata de zonas protegidas o amparadas por la ley de costas, la legislación es mucho más eficaz y se puede actuar en proyectos abandonados”, apunta Fátima Navas.

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