Más de 200 expertos, profesionales, voluntarios y miembros de entidades sociales y de administraciones públicas que la semana pasada participaron en Pamplona en unas Jornadas sobre Exclusión y Ciudadanía han firmado una declaración conjunta en la que proponen, entre otras medidas, que todos los ciudadanos tengan acceso a una renta mínima de 600 euros. Esta propuesta forma parte de la Declaración de Pamplona, una iniciativa que contiene 50 medidas y que ha sido suscrita por los integrantes de un Foro Pro-Positivo para una Estrategia Inclusiva creado en el marco de estas jornadas con el objetivo de promover, a través de ponencias y talleres, espacios de reflexión en los que se formulen estrategias que permitan enfrentarse a la exclusión social en un marco de periodo de crisis prolongado.

Las Jornadas sobre Exclusión y Ciudadanía han sido organizadas por la Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública de Navarra, la Fundación FOESSA-Cáritas, el Grupo de Investigación Alter y por la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Este encuentro se celebró los días 10 y 11 de diciembre en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios.

Esta declaración fue entregada el pasado viernes en la clausura de las jornadas por , directora de la Cátedra Unesco de Ciudadanía, Pluralismo y Convivencia, a , director general de Política Social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social, que se encargó de clausurar este encuentro.

En el preámbulo de esta declaración, se señala que la pobreza y la exclusión social son una “injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y riqueza suficiente”, por lo que concluye que deberían ser declaradas “ilegales”. Tras hacer un análisis de las desigualdades existentes en España dentro del contexto europeo, los integrantes del Foro Pro-Positivo apuestan por impulsar medidas de carácter educativo, de formación, laborales, servicios sociales o de vivienda. Entre ellas, figura la de garantizar unos ingresos adecuados para todos los ciudadanos y ciudadanas, que cifran en una renta equivalente a 600 euros, reformando el sistema de garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio de desempleo, las pensiones no contributivas o las rentas mínimas.

Por otra parte, los firmantes de la Declaración de Pamplona reclaman a los agentes económicos y sociales una reforma laboral que no reduzca los derechos de los trabajadores y trabajadoras, orientada a superar la fuerte segmentación existente en el mercado de trabajo, a reducir la precariedad laboral y a mejorar la calidad del empleo de todas las personas trabajadoras, con especial urgencia en aquellos sectores históricamente discriminados en su régimen laboral.

Los firmantes también consideran necesario reforzar el sistema educativo para fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, en especial para aquellas personas que han abandonado de forma temprana el sistema educativo, que tienen un bajo nivel de estudios o para aquellos colectivos más desfavorecidos. De igual forma, piden que se garanticen políticas activas de ocupación basadas en la formación profesional adaptada y accesible a las personas más vulnerables, con itinerarios personalizados y suficientemente prolongados para lograr cualificaciones útiles.

Reformar las políticas de vivienda

También se reclama una reforma de las políticas de vivienda para garantizar el derecho de todas las personas, especialmente a los grupos más desfavorecidos, y para evitar que personas desempleadas puedan perder su piso. Se considera esencial que las ayudas públicas (directas o fiscales) se orienten de manera prioritaria al fomento del alquiler y a la intervención en los barrios desfavorecidos de forma integrada con servicios sociales, educativos, de formación y de empleo.

Por último, la Declaración de Pamplona solicita que se potencie la capacidad de los servicios sociales para ofrecer apoyos y acompañamiento para el desarrollo personal y la integración en la comunidad, consolidándolos de esta forma como un pilar del Estado del Bienestar.