El otro día desayunamos con la noticia en prensa de que el el gasto del personal del Estado ha aumentado un 4,6% en los meses de enero y febrero de este año comparándolos con el mismo período del año pasado.  Es una noticia que pasó de soslayo de entre las noticias del día, pero no por ello deja de ser una noticia muy importante…y muy preocupante. No parece que se le haya dado el suficiente eco, bien por desconocimiento de lo que eso significa, no sólo en cifra oficial sino lo que subyace entre líneas, o bien porque paradójicamente se la saluda como una buena noticia. Pero antes al contrario, es una mala, malísima noticia que tiñe de pesimismo esto que venimos en llamar “la salida de la crisis” y que nos augura lamentablemente pan para hoy y hambre para mañana.

Este gasto de personal del Estado se engloba dentro de lo que en contabilidad nacional se llama Consumo Público, y ese dato interanual del 4,6% indica que éste sigue aumentando, lo que implica directamente que el empleo, en esta área, sigue en expansión.  Es decir, las distintas administraciones siguen creciendo en cuanto respecta a personal, a pesar de la crisis económica que paraliza al país…o precisamente por ella, como yo me temo. El Consumo Público se define como el coste de mantener el funcionamiento de las tres administraciones que operan en nuestro páis, además de los gastos corrientes de alquiler, luz, agua etc.  La cifra más importante de esta partida la constituyen los sueldos y los salarios de los ya más de 3.000.000 de empleados, funcionarios y no funcionarios, que engrosan sus filas.

Echar un vistazo a la evolución del empleo en el sector público da miedo.  Permítamente este pequeño cuadro para que vean de un pantallazo a lo que me refiero:

Éste que les escribe es un firme creyente de la cita atribuida a Churchill que decía “sólo creo en las estadísticas que manipulo”.  Aún así, a falta de otros datos para asirnos, si uno quiere ir a la información registrada en nuestro páis, tenemos una fantástica herramienta web, la página del Instituto Nacional de Estadística (INE), en donde no hace falta ser un Houdini para encontrar cualquier dato que se busque sobre una actividad concreta y sacar conclusiones. El cuadro que les presento muestra el vertiginoso crecimiento de los Asalariados Públicos en nuestro país (en datos del cuarto trimestre) y su relación con el número de habitantes (a 1 de enero) a los cuales, se supone, prestan su actividad de función pública. Vemos con asombro que desde el año 1981 hasta nuestros días los asalariados públicos han crecido un 85% mientras la población un 23%.

Como ven, en el cuarto trimestre de 2009 contábamos en nuestro país con 3.065.700 asalariados públicos (46% hombres- 54% mujeres y 75% indefinidos – 25% no indefinidos), que se distribuían entre las siguientes administraciones:

en donde se ve que el porcentaje mayor está relacionado con el personal de las Comunidades Autónomas (55%). En 2009 el Consumo Público supuso – o nos costó, según se considere – el 21,15% de PIB de ese año. Estamos hablando que mantener las tres administraciones nos ha costado unos 220.000 millones de euros el año pasado. Un 21,15% del PIB es una cifra que está en concordancia con la de otros países de nuestro entorno, pero esta afirmación tan positiva habría que relacionarla con los servicios que nos prestan, en comparación con los que dan otras de países con similar desarrollo económico, y con el coste de estas tres administraciones hace unos años. En 1994, el consumo público suponía el 16,90% del PIB. En 1996 era ya del 18% y en 2007 del 18,50% del PIB.

Lo más llamativo es que el número de los empleados del sector público no ha dejado de aumentar, independientemente de quien gobernase. Muchos de los nuevos empleos están relacionados con lo que para mí son servicios básicos que no se pueden tocar, como son la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero alarma que ha aumentado significativamente también el número de funcionarios que se dedican a regular administrativamente nuestra vida social y económica para luego, en el peor de los casos, controlarnos y multarnos.

Al decir todo esto, no estoy cargando contra los funcionarios-personas, sino contra el Sistema en sí. Las personas que estudiaron para un examen y ganaron una plaza tienen todo el derecho de disfrutar las ventajas legales que da esa plaza, y eso es incuestionable. Además, la mayoría de la ciudadanía sabe distinguir entre funcionarios de base y enchufados. Por favor, no busquen en este artículo ningún indicio de que estoy culpando a los funcionarios de la crisis, porque mucha más culpa la tienen la banca, aquéllos que quisieron vivir por encima de sus posibilidades y el legislador que permitió estos excesos. Dicho esto, no deja de ser menos cierto la sensación compartida por muchos ciudadanos de que que el tema del funcionariado se ha ido completamente de las manos, pues de sobra es conocida la poca eficiencia de muchas de nuestras administraciones que en muchos casos participan de un sistema completamente pervertido en el que lo importante no es destacar, sino llevarse bien. No voy a ahondar aquí en detalles, pero supongo que cada uno de nosotros conocerá más de una anécdota en donde nos hemos topado con la lentitud, inoperancia y total indiferencia de algunos funcionarios públicos.

El puesto para toda vida garantiza a los funcionarios ser intocables y les da la posibilidad de tener independencia de cara a realizar algún informe que pueda molestar al político de turno. Esto que en teoría es positivo en el fondo no lo es,  porque al final lo que se suele hacer es arrinconar o apartar al funcionario si es díscolo o no sigue las directrices del político, y se contrata a otro (libre designación) o a alguna asistencia técnica, con lo cual se está gastando más dinero para un mismo puesto de trabajo. Eso no es precisamente eficiencia en el control de costes. Pero es que además, es un sinsentido que personal de mando intermedio para abajo, incluso en sanidad o educación, tengan esas prevendas de puesto fijo para toda la vida cuando realmente no se les pide independencia sino un trabajo más básico y generalmente de corte administrativo, trabajo que además en muchos casos es monótono y que, con la laxitud con la que se rige y nuestra propia idiosincracia, deviene en la ineficiencia antes comentada.

Este sistema de empleo público es además altamente perjudicial porque es un sumidero a donde las aguas siempre quieren ir. Con la que está cayendo ahí fuera y el miedo paralizante que supone salir, es normal que el 75% de los estudiantes universitarios quieran ser funcionarios y es muy normal también que muchísimas personas actualmente en paro, en vez de salir y buscar empleo con más ahínco (aunque sea fuera de su sector o localización geográfica), llenen las salas de las bibliotecas municipales y se encierren en el peor de los casos varios años a estudiar oposiciones para realizar un trabajo administrativo en muchos casos muy por debajo de su formación.  O por no hablar de la cantidad de jóvenes titulados que, dedicándose a estudiar la oposición, siguen viviendo en casas de sus padres y no salen fuera al mercado laboral para, entre otras cosas, independizarse. Pero realmente, ¿es normal? Esto que se ve como normalidad es en el fondo una aberración con altísimos costes económicos, sociales y psicológicos.

Por eso es grave que siga y siga aumentando, pues ya no estamos en las felices épocas de vacas gordas que conocimos en el pasado más reciente, sino que estamos en un escenario de recesión. Porque si bien la función pública es el camino natural que está siguiendo la mayoría de los estudiantes y parados, lo cierto es que no por ser lo más seguido es lo mejor. El gasto público ya supone un déficit superior al 11% del PIB (es decir, el Estado gasta 110.000 millones de euros más de lo que ingresa), lo que significa que tendrá que endeudarse más para poder pagar estos costes, o tendrá que subir los impuestos para poder pagar su propia y en muchos casos ineficiente estructura de personal. Endeudarse más significa que provocará un efecto expulsión frente a las empresas privadas, ya que cuando el Estado se pone a pedir dinero, los que lo dan prefieren dárselo a él que a las empresas, lo cual es malo porque si a las empresas se les dificulta el acceso al crédito, en el fondo se está estrangulando la iniciativa privada que es la que da la mayor parte de los empleos (todavía) de este país. Además, cuando el Estado pide más dinero lo que hace es aumentar la demanda, y por tanto el coste del dinero (los intereses) aumentarán, con los efectos negativos de la inflación que todos conocemos. Se produce también, por lo que comentábamos antes, una suerte de efecto expulsión de jóvenes formados, que en vez de entrar en el sector privado, deciden optar por la función pública, ya que la tentación de las ventajas sociales que ofrece es demasiado alta frente a la mucho más sacrificada vida en la empresa privada. Habría que preguntarse si estas ventajas son revisables por sostenibles. Por otra parte la subida de impuestos trae consigo una detracción del consumo, ya que la gente tiene  menos dinero en su cartera, y en una sociedad basada en el consumo (para bien o para mal) como la nuestra, esto produce un efecto muy negativo que lastra la activación económica. Y por último mencionar el justificado enfado de los asalariados del sector privado y emprendedores, que perciben que el dinero de sus impuestos se va en mantener a una casta de personas cuyo trabajo y función no se ven revertidas con claridad en mejorar su calidad de vida, con el consiguiente descrédito del Estado como agente público y el peligro que, en mi opinión, conlleva eso, pues el siguiente paso natural es intentar apostar por iniciativas privadas en sectores como la sanidad, la educación o la seguridad que redundará en aumentar las diferencias sociales en nuestro país.

Este sistema en algunos casos abyecto y viciado de la organización pública hace que, en definitiva, las personas quieran entrar en la administración no porque tengan una vocación de función pública, sino porque sencillamente es un chollo o es la única salida digna que les está dando el mercado.  Frente a eso segundo,  la empresa privada debería reflexionar, y mucho. Pero en el fondo, lo que subyace es que el sistema, tal y como está montado, nos empobrece a todos. Traigo a colación aquí una pequeña tabla que he elaborado con los datos del INE, de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2009, y saquen ustedes mismos sus conclusiones:

Excluyendo a Ceuta y a Melilla porque los datos de esas ciudades no son fiables, miren ustedes la relación entre Asalariados Públicos y Privados por Comunidades Autónomas que he elaborado en la tercera columna. Curiosamente, las comunidades que tienen un ratio mayor entre Asalariados del sector público y privado son las que tradicionalmente se consideran más pobres, con Extremadura a la cabeza, seguida de las dos Castillas y Andalucía; mientras que aquellas comunidades (¡aun teniendo mayor población!) consideradas como más ricas, son aquéllas que tienen los ratios más bajos, con País Vasco, Navarra, Baleares, Valencia y Cataluña en la cola  ¿Existe una correlación entre una elevada cantidad de funcionarios y la pobreza de una región? Juzguen ustedes mismos.

Lamentablemente, mucho me temo que en esta situación de recesión y estancamiento prolongado como la que vamos a soportar, la salida que los dirigentes políticos de todos los partidos van a poner en práctica es la contratación de personal por parte de las administraciones públicas. Con ello crean empleo estadístico y sobretodo protegen a lo que yo llamo la M.A.F.Y.A. (Militantes, Amigos, Familiares Y Asociados del Partido) Todos los libros de economía y el sentido común dicen que lo peor que puede pasar en un escenario de recesión es que se aumente el Consumo Público; y yo añado que todo intervencionismo público y número de empleados que no estén trabajando en la prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales se ha de reducir a niveles de eficiencia o, si no se puede porque reducirlos sea poco menos que imposible, se ha de mantener constante. Por eso es una mala noticia comprobar que esto no es así y que en lo que va de año ha subido la contratación pública de personal un 4,6% con respecto al mismo periodo del 2009. En momentos de recesión, no es justo que el grueso del ajuste (eufemismo) lo tengan que soportar la clase trabajadoras, los emprendedores y los asalariados privados, y el Estado no participe de estos recortes.

Y finalmente, me hago la siguiente reflexión: ¿para esto nos van a subir el IVA? ¿Para poder seguir engordando a la M.A.F.Y.A?

Ademar de Alemcastre