UNIVERSIDAD DE DEUSTO

El Congreso Internacional “La plasmación política de la ” se cierra con un avance de las conclusiones definitivas

‘La y la participación en la dirección de los asuntos públicos son elementos fundamentales en la preservación de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. No se trata solamente de una cuestión de ética política, sino que también desde un punto de vista meramente instrumental la se convierte en un ingrediente esencial para que los pueblos indígenas puedan convertirse en protagonistas de su propio destino’.

Esta tesis es una de las principales conclusiones que se extrae tras dos jornadas de intenso debate dentro del I Congreso Internacional “La plasmación política de la diversidad. Autonomía y participación política de los pueblos indígenas en América Latina”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto durante los días 13 y 14 de mayo.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2007 reconoce que, sobre la base del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas (artículo 3 de la Declaración) éstos tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.

Al respecto, los promotores del Congreso observan cómo la Declaración da carta de naturaleza a este derecho. A su juicio, ahora el reto más importante es cómo convertir ese derecho a la autonomía en una realidad palpable para la mayor parte de los pueblos indígenas. Estos pueblos se enfrentan actualmente no sólo al rechazo sistemático por parte de los Estados en los que viven, sino que, en un contexto de creciente globalización, sus territorios y recursos naturales se ven cada vez más amenazados por poderosos actores de carácter transnacional.

Añaden que ‘la autonomía es crucial para poder preservar sus tierras y sus recursos. Es por ello que, como corolario de la autodeterminación y el derecho a la autonomía, cualquier proyecto de desarrollo que afecte de una manera relevante a los pueblos indígenas debe contar con su consentimiento previo, libre e informado’.