UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

El profesor de la Universidad Pablo de Olavide Pablo José Abascal asegura que una de las premisas básicas en telefonía y electricidad es que el consumidor pague lo que realmente consume

Las principales reclamaciones por parte de los usuarios a las compañías de telefonía se producen por la falta de facturas claras en el desglose, así como por la falta de transparencia en los contratos, sobre todo a la hora de darse de baja en las diferentes compañías, según ha afirmado el profesor Pablo José Abascal Monedero, del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide.

Abascal Monedero ha realizado estas declaraciones durante el transcurso del seminario “Las reclamaciones en materia de consumo” que organiza el Centro Olavide en Carmona en colaboración con la y .

El profesor ha asegurado que el derecho más elemental de los ciudadanos como potenciales usuarios del servicio de telefonía y de telecomunicaciones es el derecho de acceso. Por ello, la conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a una velocidad suficiente para acceder a Internet.

Derivados de este derecho de acceso, existen otros complementarios para el consumidor como el disponer de guías y directorios telefónicos, figurando en ellos de forma gratuita; el derecho a la prestación de un servicio de calidad, puesto que otra de las quejas de los usuarios es que cuando llaman a una compañía de telefonía para efectuar una consulta, queja o reclamación, le pasan con diferentes personas, departamentos… cuando a veces lo único que quiere es que le respondan rápidamente a una duda.

Otro de los derechos es el de disponer de una red de teléfonos públicos de pago en todo el territorio nacional, aunque cada vez hay menos cabinas. Las compañías también tienen que garantizar el acceso universal a personas con cualquier tipo de discapacidad y pensionistas con una renta familiar inferior al salario mínimo en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de los usuarios finales. Por último, también se encuentra el derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos de carácter personal.

E preciso además que en los contratos de telefonía móvil se incluya un anexo con un mapa de cobertura, algo muy útil en personas que viajan mucho, documento que normalmente no suelen incorporar en base a una política comercial.

“Una de las premisas fundamentales, tanto en telefonía como en electricidad, es pagar por lo que realmente se consume. Sin embargo, otra de las prácticas abusivas que se practicaba en telefonía móvil y que ya ha sido prohibida era la aplicación del redondeo en la facturación. Hay un registro de condiciones abusivas, por lo tanto, todas las compañías las eliminan. Sin embargo, hay muchas prácticas que se van inventando y que tienen que ir declarando los tribunales”, señala Pablo José Abascal.

En relación a las líneas especiales tipo 903 o 906, tanto en Internet como en telefonía, es muy importante que la operadora informe al usuario del coste final del servicio para que no haya ninguna duda. “En Internet ocurre con mucha frecuencia que te metes en una página y se produce un reencadenamiento automático a otras páginas, por lo que el coste final es considerable”, informa el profesor.

Con respecto a la electricidad, en la actualidad se ha producido una liberalización para conseguir que haya competencia al mercado. Sin embargo, Abascal Monedero asegura que “siguen existiendo muchas quejas con respecto a la medición del gasto cuando te aplican el consumo estimado, situación en la que se producen muchas prácticas abusivas. También generan muchas reclamaciones la calidad del servicio eléctrico cuando se producen interrupciones en el mismo. La indemnización que le corresponde al consumidor en este caso no aparece bien reflejada en el contrato”, concluye.