UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

· Presentado el Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso, de Manuel Gallego, Pedro Cabrera, Julián Ríos y José Luis Segovia

· Manuel Gallego: “Los políticos han descubierto que el Código Penal da votos. Pero esta política no es la más eficaz ni la más justa para evitar y prevenir los delitos”

· Javier Baeza, educador y coordinador de barrios: “La cárcel sigue siendo hoy sinónimo de aparcamiento” y, “en muchos casos, se hereda de padres a hijos”

“Tenemos una de las tasas más elevadas de internos penitenciarios de Europa y, sin embargo, no tenemos un problema grave de seguridad ciudadana. Estamos por debajo de la media europea en delitos, pero desde 1980 a 2009 se ha multiplicado por cuatro la población reclusa”, afirmó Manuel Gallego, SJ, profesor de Derecho Penal, de Comillas, en la presentación del libro Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso, del que es coautor, junto a Pedro Cabrera y Julián Ríos, profesores de Sociología y de Derecho Penal, respectivamente, también de Comillas, y el abogado José Luis Segovia.

El estudio, que forma parte del proyecto de investigación “El proceso de reforma del sistema de responsabilidad criminal: Análisis de los fundamentos dogmático-penales y de su eficiencia en la aplicación”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro del Plan Nacional de I+D+i, señala que en julio de 2009 había 76.259 personas presas, un 404 por ciento más que en 1980 (18.583), mientras que en ese tiempo la población española ha pasado de 37,4 a 45,9 millones (un 22 por ciento más).

La causa de este desproporcionado incremento de la población reclusa está, según el profesor Gallego, en la hipertrofia del Derecho Penal y el abuso de la pena de prisión impulsada por las últimas reformas legales, a lo que hay que añadir la alarma social y mediática que producen algunos delitos. La sociedad española cree que el Código Penal es benévolo, que no se cumplen las penas, que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. “En definitiva, los políticos han descubierto que el Código Penal da votos. Pero esta política no es la más eficaz ni la más justa para evitar y prevenir los delitos”, agregó Gallego.

Este libro es la actualización y revisión de Mil voces presas, de 1998. Aquella investigación realizada por Ríos y Cabrera, tuvo que sortear numerosos obstáculos de la administración penitenciaria. En 2002 se hizo un segundo estudio más específico, Mirando al abismo, sobre las condiciones de vida de los internos en régimen cerrado. Tras el tiempo transcurrido desde el primer trabajo, los abundantes cambios legislativos en materia penal y los cambios sociales y demográficos, los autores creyeron conveniente actualizar los datos. Para hacer la investigación, se enviaron 5.000 cuestionarios a 66 centros penitenciarios, se pasó un minicuestionario entre jueves de vigilancia penitenciaria y otro entre abogados, y se visitaron 11 centros penitenciarios, en los que se entrevistó a directores, subdirectores, profesionales y técnicos. En 46 centros se distribuyeron 3.253 cuestionarios entre los internos. De ellos, se recibieron casi 1.800, de los que 1.668 resultaron válidos, la muestra más amplia jamás alcanzada en los estudios penitenciarios realizados en España. El apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha sido esencial para aplicar esta metodología, en contraste con la actitud oficial mantenida durante anteriores estudios.

Este último aspecto fue resaltado por Arturo Beltrán Núñez, Presidente de la Sección V de la Audiencia Provincial de Madrid, durante la presentación del libro, al afirmar que “tenemos la mejor Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de los últimos 30 o 40 años”. Pero, agregó que hay problemas de muy difícil solución y la política penitencia es un poco esquizofrénica. Se intenta hacer bien, pero cada vez hay más gente en prisión, una institución que sigue siendo una de las más opacas de nuestra sociedad. Beltrán echó en falta que en la investigación no se hubiera preguntado a los presos su opinión sobre abogados, fiscales y jueces. Y, como su respuesta a estas cuestiones sería demoledora, prefiere que esos temas se aborden en un futuro estudio.

El perfil del preso español es el de un varón (90,4 por ciento), relativamente joven (casi 37 años de edad media), sin trabajo fijo o de muy escasa cualificación (56,2 por ciento), hijo de trabajador poco cualificado, con bajo nivel educativo y procedente de familia numerosa. Casi la mitad tiene únicamente estudios primarios, un 7 por ciento no acabó ese ciclo y un 1 por ciento es analfabeto. Casi una tercera parte ha tenido o tiene familiares en prisión, y un 35 por ciento son extranjeros, mitad por mitad en situación regular e irregular. El 80 por ciento de los presos extranjeros dice que no tiene apoyo de su embajada o consulado.

Detrás de muchas situaciones de delincuencia está la marginación social, la droga, la pobreza. Como indicó Javier Baeza Atienza, educador y coordinador de barrios, “la cárcel sigue siendo hoy sinónimo de aparcamiento” y, “en muchos casos, se hereda de padres a hijos”. La mayoría de las nuevas prisiones están construidas fuera de los núcleos urbanos, mal comunicadas y con condiciones de acceso difíciles para las visitas. El estudio plantea la dificultad de que el preso vaya saliendo paso a paso de la prisión, con formación personal y laboral. La cárcel colabora difícilmente a que los presos puedan reinsertarse, y cuanto más tiempo se pasa en prisión más dificultad hay para reinsertarse. Baeza concluyó sus palabras afirmando que el tejido social está demasiado callado sobre lo que pasa en las cárceles, mientras sigue pensando que la cárcel es la respuesta al delito, “y ese es el fracaso social más grande que existe”.

Continúan siendo mayoritarios los delitos de robo (34 por ciento de los penados y 23 por ciento de los preventivos) y contra la salud pública (28 por ciento de los penados y 37 por ciento de los preventivos). Llama la atención en el estudio el aumento constante de presos, en su mayoría varones, por delitos de violencia de género o doméstica. En 2000 eran 27 (sólo una mujer), y apenas ocho años más tarde eran 1.780 (98,7 por ciento varones) la mayoría por aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra La violencia de Género, que ha multiplicado por 68 el número de internos por esas causas, aunque los casos de malos tratos no han registrado un incremento similar, “lo que supone -subraya el trabajo- una correlación entre la sensibilización pública y su traducción política, en su vertiente legislativa, o en términos de actuación policial y control social”.
El 60 por ciento de los internos dice haber sufrido cacheos con desnudo integral a pesar de la jurisprudencia que condena estas prácticas. Se siguen produciendo abusos y malos tratos, afirman los reclusos: “Estuve esposado a la cama durante nueve días de manos y pies, en cruz, a base de gomasos”. “Un funcionario me llamó negro y me dijo que en mi país estoy pasando hambre y que aquí estoy comiendo bien”. “Me sacaron a un piso junto al cuartel de la Guardia Civil. Me pusieron una bolsa en la cabeza, metían mi cabeza en un cubo de agua y recibía golpes”. El 75 por ciento de los presos no denuncia. Tres de cada cuatro denuncias interpuestas se archivaron. En un 4,7 por ciento de los casos se condenó el funcionario, y en el 58,9, resultó condenado el denunciante.

De las respuestas de los reclusos se desprende que el 86 por ciento no ve nunca al jurista y un porcentaje similar dice no tener constancia de la existencia del pedagogo. En un espacio que causa estragos sobre la salud mental, cuatro de cada 10 no han visto nunca al psicólogo, y un 11 por ciento de los drogodependientes asegura que necesitaría un tratamiento, pero no lo tiene.
El estudio contradice la visión del interno como amoral, refractario e insensible a los otros. El 86 por ciento expresa su deseo de pedir perdón a sus víctimas, de explicar lo ocurrido o de pedir disculpas intentado reparar el daño. Un 44,4 por ciento acuden a justificaciones de su conducta.
A la pregunta de qué les dirían a los funcionarios que trabajan en los módulos de aislamiento se dan aparecen respuestas relativas al trato recibido: “La mayoría son buena gente, pero donde me encuentro hay cuatro personas que dan vergüenza agena por su comportamiento déspota y chulesco”. “Que no se esmeren tanto en su cometido, que no fuesen represivos y que simplemente nos trataran con respeto y humanidad”.”Que agan su trabajo y pasen de todo lo que no les perjudica. Ej.: no tratar a los presos como perros porque eso crea odio”. “Que deben recordar que están trabajando con personas, y no con animales, que las frustraciones de cada uno se deben dejar en casa y no pagarlas con quien se cree que se puede”.

El libro señala que, a partir del cambio político en el Gobierno, en 2004, se ha cortado la tendencia expansiva de la aplicación del régimen cerrado, que se ha reducido en más de 200 internos desde ese año. Lo mismo ha ocurrido con la concesión menos restrictiva del tercer grado, que ha crecido de casi 4.000 en 1999 a 6.432 en 2008. Por otra parte, de 3.121 permisos concedidos en 1979 se ha pasado a 90.668 en 2008. Hace 30 años se beneficiaron 1.269 presos y ahora son 19.274. El índice de no reingreso en relación al número de permisos ha pasado de un 3,65 por ciento a un 0,57, casi siete veces menos. Y lo mismo ocurre con los permisos de fin de semana: 36.558 en 1979 y 171.859 en 2009. A finales de los setenta se registraron 158 ausencias y en 2008, 32. Tenemos un índice de fracaso penitenciario inferior al de otros países europeos, que además está por debajo del límite del 3 por mil que se considera tolerable; pero, “la presión social, mal informada de los resultados de los permisos penitenciarios, acaba provocando una actitud defensista y de irresponsable delegación en otros por parte de los operadores penitenciarios y judiciales”.

Gallego y Cabrera insistieron en que hacen falta otras políticas, fundamentalmente, sociales, generosas y eficaces, en coordinación con los servicios sociales, y una mayor insistencia en tratamientos de reinserción y reeducación. “Apostamos decididamente por la reinserción -afirmó Gallego-. Es fundamental que el delincuente no salga de la cárcel más desocializado de lo que entró. Es preciso mejorar la formación personal y laboral para que el preso pueda encontrar trabajo y vivienda cuando salga de prisión, que son sus dos principales problemas al quedar libre”. “Somos partidarios -agregó- de la reducción de las penas a 15 años, con un límite máximo de 20, frente a los 40 actuales; mientras que las penas inferiores a un año de prisión deberían sustituirse por otras sin privación de libertad”.

“Andar 1 kilómetro en línea recta” fue la respuesta de un interno cuando le preguntaron qué es lo que haría si quedara libre. Ese deseo ha dado título a este libro que, en palabras de la Decana de la Facultad de Derecho (ICADE), Conchita Molina, al clausurar el acto de presentación, “ojalá sirva para crear las bases del cambio y llegue a los responsables de que ese cambio sea posible”.