La tiene que lidiar con la primera “iniciativa” de los ciudadanos gracias a la cual, tenemos la posibilidad de iniciar una ley para regular en un tema concreto. La iniciativa legislativa ha estado tradicionalmente en manos de la qué es la que propone sobre qué se tiene que legislar. Pero en el Tratado de Lisboa, se recoge que los ciudadanos también pueden proponer, si cumplen una serie de requisitos eso sí, propuestas para que la Comisión inicie un proceso legislativo. Y por fin, esto se ha cumplido. Ya tenemos la primera iniciativa ciudadana. Más de un millón de firmas de varios Estados miembros en el que se pide la suspensión de los cultivos transgénicos.

El Tratado de Lisboa que entró en vigor el pasado diciembre de 2009 propone a los ciudadanos decirle a la Comisión Europea sobre qué tiene que legislar. Es decir, los ciudadanos tendrán la posibilidad de pedir a la Comisión Europea que inicie una propuesta legislativa sobre un tema en concreto. El Tratado dice literalmente en su artículo 11: “Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión”. Para más información, podéis leer el artículo que redactamos en marzo sobre el tema, cuando la Comisión Europea adoptó la propuesta que regularía los cauces de actuación de la iniciativa ciudadana.

Aquí tenéis un pequeño resumen de los pasos llevados a cabo hasta el momento para implementar la iniciativa:

1. Diciembre de 2009: entra en vigor el nuevo Tratado. En él, se incluye el derecho de los ciudadanos a proponer un tema sobre el qué legislar. ¿Cómo?

2. La Comisión Europea adopta una propuesta sobre el cómo. “Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros”. Surgen muchas dudas sobre cómo aplicar este nuevo derecho ciudadano, ¿cuántos países son significativos? ¿Cómo podemos comprobar la verificación de las firmas?

3. El y el Consejo Europeo tienen que decidir si la propuesta de la Comisión es válida. Surgen diferencias entre la propuesta inicial de la Comisión Europea y lo que quieren los eurodiputados, que son los que representan al pueblo. Ayer, 14 de octubre de 2010 se presenta un proyecto de informe de la comisión competente (asuntos constitucionales en el ). Antes, en junio del mismo año, el Consejo de la UE llega a un acuerdo con el para comenzar las negociaciones lo antes posible y de esta forma, tener listo el reglamento por el que se regule esta iniciativa ciudadana.

Parece un culebrón y no es para menos porque con esto se demuestra la lentitud de las instituciones europeas a la hora de aplicar lo que se recoge en los Tratados. La Comisión Europea ya tiene sobre la mesa la primera iniciativa ciudadana, y legalmente tiene que considerarla y tratarla. ¡Pero no sabe cómo! porque ni el Consejo ni el Parlamento le han indicado los procedimientos a seguir. Sin embargo, los ciudadanos que han firmado la propuesta por la que se pide la suspensión de los cultivos transgénicos sí que cumplen los requisitos recogidos en el Tratado. ¡Menudo embrollo legal! La Comisión tiene la obligación de tratar la iniciativa (si esta en el Tratado es la ley) pero aún no sabe cómo hacerlo (se calcula que el Parlamento y el Consejo tomarán la decisión final a principios de 2011) y mientras tanto, ¿qué hacen los ciudadanos? ¿Por qué tendrían que esperar el texto del Parlamento y el Consejo? La Comisión Europea tiene, digamos, un pequeño (gran) dilema legal.