El está en vigor desde diciembre del año pasado. En el mismo, se incluía la ‘iniciativa ciudadana’, gracias a la cual los ciudadanos europeos pueden pedir a la que inicie un proceso legislativo sobre un tema en concreto. Por supuesto, esto tiene que estar regulado a través de un reglamentoque tienen que aprobar el Consejo europeo (es decir, los gobiernos) en acuerdo con el Parlamento Europeo (nuestros representantes, los eurodiputados). Un año después, no hay acuerdo y aunque la iniciativa sí que está ratificada por los Estados miembros como parte del Tratado de Lisboa no se pone en marcha y los ciudadanos se impacientan. También se impacientan organizaciones como Greenpeace que ya ha conseguido más de un millón doscientas mil firmas para que se estudie la “suspensión de los cultivos transgénicos en Europa”. Además, gracias a Internet, tienen firmas de ciudadanos de varios Estados miembros, requisito indispensable para hacer esta petición “europea”.

Sin embargo hoy leemos en el periódico EurActiv que la ‘iniciativa ciudadana’ no entrará en vigor hasta 2012, es decir, 18 meses de espera para la voz común de los ciudadanos. Nosotros nos preguntamos hasta que punto es legal tanta espera puesto que si el Tratado de Lisboa está en vigor y la iniciativa ciudadana está recogida en el mismo, el reglamento que regule dicha iniciativa tendría que estar ya en marcha. Según la Comisión Europea en sus declaraciones a EurActiv “no porque se encuentre en el Tratado, se tiene que aplicar directamente. Por lo que la propuesta de Greenpeace no tiene valor”.

Entonces, habría que decirles a los ciudadanos europeos que no se pongan a trabajar en mover sus iniciativas puesto que no tendrán valor ninguno, al menos de momento. Suponemos que esto se debe a qué tampoco hay acuerdo sobre cómo contar las firmas y demostrar su validez. Por otro lado, ¿esto significa que el Tratado de Lisboa se puede aplicar de diferentes maneras? Un ejemplo, los Parlamentos Nacionales tienen un derecho de veto sobre las propuestas de la Comisión Europea antes de que lleguen a ser tratadas en el Parlamento Europeo y el Consejo -solo en lo que concierne a la subsidiaridad-. No obstante, esto no ha sido regulado por ningún reglamento sino que es un protocolo del Tratado de Lisboa. ¿Se debería de aplicar la misma regla?

Parece en todo caso, que los ciudadanos tendrán que esperar, aún más, para que su voz se escuche en Europa.