fin del colapso de la justicia

A la reforma de la Ley de se une ahora el proyecto de Ley de en asuntos civiles y mercantiles,  que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros.  Con la aprobación de dicho proyecto se inicia  su tramitación parlamentaria en el Congreso, con la finalidad de reducir la carga de trabajo de los tribunales civiles y mercantiles, que al año reciben alrededor de 500.000 asuntos, según ha informado el ministro Rubalcaba.

Tanto la reforma de la Ley de Arbitraje como el proyecto de Ley de Mediación son dos medidas que pretenden terminar con los colapsos de la en nuestro país.

La mediación es una solución alternativa en la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a un juez, si bien quedan excluidas de este proyecto de mediación las materias penales, laborales y de consumo.

Las características principales que enmarcan esta alternativa y que tiene similitudes con el arbitraje son, entre otras, el sometimiento voluntario, salvo para los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá el inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los tribunales.

Aunque no existe una obligatoriedad a la hora de mantenerse en el proceso de mediación o a transar con un acuerdo, el inicio de la mediación interrumpe la prescripción de futuros procesos judiciales.

Para darle celeridad al proceso se establece como plazo máximo para la mediación dos meses, prorrogables por otro más.

El mediador no tiene imperium, en el sentido de que no puede imponer su solución a las partes como el juez o el árbitro, sin embargo la configuración del acuerdo de mediación será un título ejecutivo equiparable a los laudos arbitrales y a tal fin se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil las reformas precisas.

En último lugar, la figura del mediador queda regulada en un estatuto mínimo que garantizará su profesionalidad y calidad en la actividad desarrollada.