Ya hemos visto las diferencias entre de Derecho y de equidad. Hoy abordaremos el ad hoc frente al institucional.

Antes de comenzar, recordamos que una de las piedras angulares sobre la que se asienta el arbitraje es la voluntad de las partes. Si se decantan por el arbitraje ad hoc, el procedimiento se regirá por una cláusula a favor de un árbitro o tribunal arbitral predeterminado. Si lo hacen por  institucional,  será administrado por una entidad arbitral o una corte de arbitraje conforme a su propio reglamento.

El primero es bastante habitual en los arbitrajes internacionales. En cambio, el arbitraje institucional en los últimos años ha cobrado protagonismo en los internos o domésticos.

Una de las grandes diferencias entre uno y otro, es que en el arbitraje ad hoc las partes y el árbitro deben pactar qué procedimiento van a seguir, mientras que en el institucional ya se ha establecido a través de su ordenanza procesal (a no ser que las partes, de común acuerdo, opten por modificarlo).

Será dicho reglamento el que, en caso de que surja un litigio, gestionará el procedimiento: los requisitos para presentar la demanda y contestación a la demanda; la designación de los árbitros; los plazos procesales; el plazo para la práctica de la prueba, las conclusiones y el dictamen del laudo que pondrá fin al arbitraje).

Los reglamentos también regulan la posibilidad de pedir prueba anticipada, medidas cautelares y otras cuestiones de relevancia. De ahí la importancia de conocer bien el contenido del reglamento y el funcionamiento de una institución arbitral antes de aceptar la cláusula.

Otra distinción entre uno y otro radica en los costes. Las instituciones publican sus tarifas y los honorarios de los árbitros; mientras que en el ad hoc, es el árbitro o el tribunal el que “establece” la cuantía de dichos honorarios.