Los de las Universidades Públicas de Madrid se han reunido en diversas ocasiones desde el pasado 9 de enero, para estudiar la normativa y los informes solicitados por las universidades, en relación a las obligaciones que se derivan para nuestras universidades por la promulgación de las leyes que modifican las condiciones de trabajo para el personal en el sector público (Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público; Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid).

Los rectores debemos manifestar nuestro respeto, como no puede ser de otro modo, a la normativa vigente que es de aplicación a las universidades, y, por tanto, nuestra disposición a cumplir con lo establecido en las nuevas medidas legales. Pero al mismo tiempo, expresamos nuestra absoluta e incondicional defensa de la Autonomía Universitaria, que, más allá de una declaración de principios, debe ser respetada por todas las instancias de la administración. Esta defensa de la Autonomía nos lleva a reclamar el respeto al funcionamiento de la Institución Universitaria y de sus órganos de gobierno y representación. Mostramos, por tanto, nuestro desacuerdo con cualquier actuación que vaya en menoscabo del gobierno, la gestión y la calidad docente de las Universidades Públicas de Madrid, en la atención a los estudiantes y en su vocación de servicio público.

Asimismo, queremos poner de manifiesto que los rectores ni han participado ni han sido escuchados en la preparación y aprobación de las normas precitadas y que, por tanto, aun cuando como leyes de rango estatal o autonómico puedan ser de obligado cumplimiento, manifestamos nuestra vocación de diálogo con los órganos de representación de los trabajadores a la hora de su aplicación, y nuestra defensa del empleo, dado que algunas de estas medidas pueden tener graves consecuencias sobre el personal universitario. En concreto, nos preocupa muy especialmente la nueva normativa sobre incapacidad temporal de los trabajadores, y haremos lo posible por paliar sus efectos en nuestras universidades.

En este espíritu, hemos mantenido hoy en la Universidad Carlos III de Madrid una reunión de la CRUMA con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, donde hemos acordado convocar en los próximos días las mesas de PAS y PDI para, de una forma dialogada, lograr el máximo consenso posible en la forma de aplicación de estas nuevas regulaciones.

Madrid 6 de febrero de 2012

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