UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

El lunes, 16 de julio a las 10.00, en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la UPV/EHU ha dado comienzo una nueva edición de los . El curso inaugural será impartido por el catedrático de la UPV/EHU bajo el nombre ‘Lecciones Jurídicas del Prestige’. La siguiente nota de prensa responde a una entrevista realizada con anterioridad al inicio del curso de Álvarez sobre el contenido del mismo. Recordar que la inauguración oficial de estos cursos se celebra HOY LUNES a las 13.00 en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la UPV/EHU y contará con la presencia del rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga y el codirector de los cursos, .

Entrevista

“Asumir el riesgo de no disponer de una legislación preventiva de siniestros medioambientales no es una opción”. Este ha sido el mensaje que y codirector de los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UPV/EHU Juan José Álvarez (Zumaia, 1964) tratará de transmitir en su intervención que abrirá la presente edición de los cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la UPV/EHU. La edición de 2012 de estos cursos, que se celebran desde hace más de 30 años en Vitoria-Gasteiz, centrará su atención en la situación actual del derecho ambiental coincidiendo con el nombramiento de la ciudad vitoriana como Capital Verde Europea.

Tu curso lleva por nombre “Lecciones Jurídicas del Prestige”, ¿Crees que la ausencia de un marco jurídico específico pudo agravar las consecuencias medioambientes del siniestro?

Sí, sin duda. Independientemente de las causas iniciales que dañaron la estructura del buque, es importante resaltar que en aquel momento no existía una legislación preventiva ante estas situaciones. Esta ausencia de normativa facilitó el que no se hiciera una gestión correcta que hubiera podido minimizar el problema. Medidas como obligar al barco a navegar en mar abierto cuando se encontraba en una zona mucho más protegida del oleaje; o la no existencia de puertos de refugio fueron factores clave para que el desastre medioambiental ascendiera finalmente a un vertido de crudo al mar superior a las 43.000 toneladas.

¿Realmente hemos aprendido la lección?

Cabría esperar que sí. Hasta la fecha, el Prestige ha supuesto el mayor desastre ecológico sucedido en costas españolas. Aquel siniestro se produjo en un momento en el que existía una falta absoluta de cultura de prevención. Aún la hay, pero hay que reconocer que se ha avanzado mucho. Tras el Prestige, y entre otras normas, se ha aprobado un plan de salvamento marítimo que busca minimizar las posibles consecuencias de este tipo de accidentes. De todos modos, lo ideal habría sido no tener que legislar a golpe de accidente, que es lo que, en mi opinión, se ha venido haciendo en los últimos quince años.

¿No es un contrasentido pensar que una legislación sea capaz de anticiparse y de limitar los daños de un siniestro medioambiental, cuando estos fenómenos se caracterizan por ser imprevisibles?

Es cierto que es imposible llegar a un riesgo medioambiental cero. Pero sí que es posible hacer mucho. Te pongo el ejemplo de Estados Unidos, un país que en 1990 aprobó una ley con el objetivo de evitar accidentes marítimos. Entre otras medidas, esta ley obliga a que todos los buques y petroleros que naveguen cerca de costas americanas sean de doble casco. Será casualidad o no, pero desde que se aprobó, las costas de aquel país no han sufrido un siniestro marítimo importante. Las legislaciones deben fomentar una cultura de la prevención y fijar responsabilidades para que en los casos en los que se produzcan incumplimientos se cumpla la máxima de que quien contamina paga.

Un caso más reciente al del Prestige ha sido el del crucero del Costa Concordia en Italia ¿También cabría aquí alegar falta de previsión legislativa?

El sector de pasajeros, a diferencia de la carga, es un campo en el que tienen un mayor peso las responsabilidades personales que las medioambientales. Además, otra diferencia con el Prestige, es que en este accidente se da un claro componente de culpa náutica ya que el barco realizó un acercamiento imprudente a la costa cuando estos barcos están obligados a seguir unas exigencias de navegabilidad muy estrictas. En todo caso, lo que finalmente se vuelve a comprobar es que cualquier medida de seguridad que se adopte, por pequeña que parezca, es importante.

Otro tema de máxima preocupación para la sociedad es el de la seguridad de las centrales nucleares, ¿Se está haciendo todo lo razonablemente necesario en esta área?

El sector de la energía nuclear exige un análisis sosegado, lo que por desgracia tras Fukushima se convierte en un ejercicio complicado. En este sentido es inquietante observar el movimiento pendular que siguen en esta cuestión los poderes públicos, por ejemplo, la Central de Garoña, en donde las autoridades han dado unos bandazos en términos de vida útil muy llamativos. En sentido opuesto, y con anterioridad al desastre de Fukushima, la Comisión Europea promovía la necesidad de reactivar la energía nuclear para corregir la dependencia energética europea, y ahora parece virar su postura al lado opuesto. Japón es otro ejemplo de país que defendía la absoluta seguridad de sus centrales nucleares y, ahora, ha decidido parar todos sus reactores. Teniendo en cuenta estas discrepancias y cambios de opinión hasta cierto punto es normal que el ciudadano desconfíe.

Has mencionado el parón nuclear de Japón, ¿decisiones como esa pueden suponerle a un país pérdida de competitividad frente a quienes decidan no priorizar la seguridad medioambiental en la toma de sus decisiones?

Pues aunque suene duro es una evidencia: a mayor exigencia mayor coste. Si tú adoptas medidas preventivas, inmediatamente el operador energético repercute ese coste en el mercado y, por tanto, se pierde competitividad. El gran problema es que seguridad y costes bajos son parámetros no conciliables. Las inversiones en materia de seguridad no han de hacerse desde una óptica de defensa de los intereses nacionales: hablar de fronteras en este campo es ridículo. Resulta paradójico que la Unión Europea se esfuerce en armonizar las etiquetas de los tomates, y sin embargo, no alcance una legislación única en seguridad nuclear. También, y volviendo al tema del Prestige, lo que en el fondo subyacía era la obsesión territorial del gobierno en evitar que el barco se hundiera en aguas jurisdiccionales españolas para esquivar la responsabilidad. Finalmente acabo hundiéndose en aguas españolas, pero, aunque lo hubiera hecho unas pequeñas millas más allá, el chapapote habría afectado exactamente igual a la costa española y a la zona de Las Landas y Portugal.

¿Existe alguna institución por encima del derecho nacional que tenga capacidad para sancionar a los países que se comporten de forma irresponsable en materia medioambiental?

Esa es una cuestión clave. No existe ninguna instancia internacional con capacidad coercitiva, ejecutiva y sancionadora. En Europa tenemos a la Agencia de Seguridad de la cual se espera que pueda alcanzar esas capacidades en un futuro. En el ámbito diplomático sí que abundan declaraciones ornamentales y pomposas, pero de nula capacidad ejecutiva hasta el momento. Quizás lo más destacado que en este terreno se esté produciendo es que empieza a haber una jurisprudencia que equipara la protección del medioambiente con la de otros derechos fundamentales.