UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU ha aprobado hoy, día 27 de septiembre, por unanimidad la siguiente declaración institucional:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Getxo, a petición del Fiscal y de las acusaciones particulares personadas, ha comunicado el 4 de septiembre de 2012 la apertura de juicio oral contra los profesores de la UPV/EHU, Jose Enrique Antolín Iria y Xabier Aierdi Urraza, acusados de delito de prevaricación, y cuya vista se celebrará ante el Juzgado correspondiente de Lo Penal de Bilbao.

La base de la acusación es el hecho de que dos personas deportadas se encontraban matriculadas en la UPV/EHU, e incorporadas al Sistema de Alumnado en Situación Especial durante los cursos 1992/1993 y 2001/2002. Durante una parte del periodo en el que dichos estudiantes se encontraban matriculados, Enrique Antolín fue vicedecano y Xabier Aierdi fue tutor.

La apertura de este juicio es el resultado final de unas diligencias abiertas en el año 2005. Durante las mismas, se han revisado más de 500 expedientes académicos, han declarado entre mayo de 2007 y mayo de 2012, imputadas por prevaricación y falsedad documental, 36 personas (personal de administración y servicios, personal docente e investigador y cargos académicos como rectores, decanos y vicedecanos), y han comparecido como testigos otras dieciocho. Todo ello ha supuesto un expediente que consta de 5.000 folios.

La UPV/EHU, como institución, ha remitido reiterados informes explicando, entre otras cuestiones, la normativa vigente sobre el proceso de matriculación, el sistema de evaluación del alumnado, la firma de actas y sus modificaciones posteriores, y derechos de los estudiantes a distintas convocatorias.
A la vista de los informes y la documentación aportada, en ningún expediente se ha detectado ilegalidad alguna, ni en cuanto al procedimiento de matrícula ni al de evaluación. Todas las acusaciones a personas responsables de evaluaciones y firma de actas, incluidas las de personas deportadas, han sido sobreseídas.

Además, el propio Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia avalando la validez del Protocolo de Atención a Personas Internas en Instituciones Penitenciarias, proclama expresamente que “la regulación de las condiciones en las que la universidad prestará el servicio educativo a distancia (…) corresponde efectuarla a la Universidad, libre de injerencias externas”. Este protocolo incluye a aquellas otras cuyas circunstancias les impiden el seguimiento presencial de sus estudios.

En este contexto, se mantiene una acusación de prevaricación a dos profesores que, por otra parte, no han tenido responsabilidad alguna en los procesos de matrícula y evaluación de los dos alumnos deportados.

Ambos profesores, Jose Enrique Antolín y Xabier Aierdi, cumplieron con las obligaciones de sus cargos con el grupo de estudiantes especiales, colaborando, dentro del marco institucional, a garantizar la prestación del servicio público de educación superior a la que tenían derecho los estudiantes de este grupo.

A la vista de los antecedentes descritos, el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU DECLARA:

1. Que los profesores Jose Enrique Antolín y Xabier Aierdi se han limitado a realizar las funciones correspondientes a sus respectivos cargos, en el marco de decisiones institucionales, que superan y condicionan cualquier actuación individual.

2. Que los profesores Jose Enrique Antolín y Xabier Aierdi cuentan con el apoyo y la solidaridad total de este Consejo de Gobierno.

3. Asimismo, este Consejo de Gobierno espera que el procedimiento judicial despeje definitivamente cualquier sombra de duda sobre la actuación de estos profesores y quede claro el rigor de su trabajo en esta institución.