UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Un informe del IPSIFAM apunta que una quinta parte de 131 menores analizados tenía problemas de psicopatología y un tercio problemas de salud

Un informa realizado por el grupo de investigación de Intervención Psicosocial con Familias y Menores (IPISFAM) de la UA advierte de las “importantes consecuencias” en los menores expuestos a , al tiempo que ha apostado por una atención especializada con los menores, con la finalidad de reducir las secuelas y prevenir que en un futuro reproduzcan estas conductas a nivel intergeneracional.

La directora del IPSIFAM, Ana Rosser, ha dado a conocer algunos de los resultados de este estudio con motivo de la celebración de del curso Intervención integral con menores hijos/as de víctimas de violencia de género, dirigido por las profesoras de la UA, Esther Villegas y Carmen Mañas.

La investigación comenzó hace unos tres años, con el respaldo de la Conselleria de Bienestar Social, para poder hacer una evaluación de madres y sus hijos que llegan a centros de acogida. Cuando comenzó, según relata Ana Rosser, “había muy pocas voces que hablaran de lo que pasaba con las niñas y niños que vivían en estos hogares”. “Suponíamos que tenían que pasar cosas cuando un niño ve, intuye, oye a través de la puerta o cuando, en el fragor de la batalla, recibe insultos, gritos e incluso palizas”, ha comentado.

Efectivamente, según ha explicado, el estudio constata que la exposición a la violencia de género “incluso en los niños que no sufren el maltrato directamente, tiene importantes consecuencias a nivel emocional y de comportamiento que hay que abordar de alguna forma”.

Rosser ha precisado que casi una quinta parte de los 131 menores analizados en este estudio tienen “problemas emocionales y de conducta”. Del mismo modo, una tercera parte de ellos “tiene problemas de salud moderados y una tercera parte, graves”. Todo ello, según ha dicho, “fruto de la negligencia de la que han sido objeto y de la tensión que han vivido, que ha repercutido en su salud”. Se trata de problemas de alimentación, sueño, asma y alergias. También, según ha añadido, se detectan “desajustes escolares, problemas de rendimiento académico y de conducta en la escuela” y a menudo padecen “conductas disruptivas, problemas de atención, agresividad y también problemas de ansiedad y de retraimiento, llegando en ocasiones a un rango clínico”.

En este sentido, ha explicado que en la actualidad “el enfoque institucional está muy orientado a las madres, con las que se hace un trabajo muy intensivo” pero, sin embargo, “todavía no hay recursos especializados orientados de forma contundente y seria al abordaje de las problemáticas psicosociales de los niños”.

Según Rosser, los menores que están expuestos a la violencia de género pueden acabar reproduciendo los patrones, tanto del agresor como de la víctima”. Por ello, ha apostado por elaborar estrategias y atenderlos en espacios terapéuticos específicamente diseñados para los menores,” tanto para paliar sus problemas actuales, como para evitar que reproduzcan esos patrones”.
PROTOCOLO A NIVEL NACIONAL

La investigadora de la UA ha apostado hacer una buena valoración psicológica de los menores víctimas de la violencia de género y, después, llevar a cabo un trabajo psicológico orientado a madres y menores víctimas de la violencia de género.

En esta línea, la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y Juventud “Quiero Crecer” y coordinadora del Programa de Atención Psicológica a hijos/as de Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Región de Murcia, Maravillas Castro, ha considerado que el “objetivo sería que, a nivel nacional, estableciéramos entre todos el mejor protocolo para hacer visible el sufrimiento de estos menores”.

Este protocolo prevé la intervención psicológica en los menores afectados por estas situaciones, tanto en el diagnóstico como en el posterior tratamiento terapéutico de los menores.

Además, establece un sistema de evaluación sobre la eficacia de la intervención que se aplica y, según Castro, los resultados “han sido muy positivos, tanto a nivel estadístico, como por la satisfacción de las madres y menores implicados por los recursos que han sido capaces de desarrollar, a raíz de la intervención”.

Según han explicado ambas expertas, no todas las comunidades autónomas tienen en la actualidad un protocolo de estas características, por lo que han insistido en la necesidad de establecer un método de actuación a nivel nacional.

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