ha confirmado su decisión de no impugnar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones () que le obliga a pagar a la empresa española alrededor de 38 millones de dólares.

“La evaluación que se ha hecho es ‘no gastemos más recursos en algo que, notoriamente, está perdido”, dijo en entrevista telefónica con Efe el secretario (ministerio) de Economía, Ildefonso Guajardo, para justificar que no habrá recurso.

Un diario mexicano adelantó que el Gobierno había descartado impugnar un arbitral que en abril le condenó a indemnizar a la española Abengoa por la clausura de un vertedero de residuos que construyó en Zimapán, en el central estado de Hidalgo.

El conflicto

El depósito de residuos comenzó a ser construido en 2006 con los pertinentes permisos entre los estados de Hidalgo y Querétaro, muy cerca de la reserva natural de Sierra Gorda, declarada territorio protegido por el Gobierno mexicano y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y fue terminado, pero nunca entró en operación.

La obra pública que realizó una filial de la empresa española, Befesa, pretendía evitar que los productos fueran vertidos a los ríos y acuíferos de México sin control, pero el entonces alcalde de Zimapán, José María Lozano, bloqueó su actividad con el apoyo del movimiento “Todos somos Zimapán”.

Este colectivo acusó a la filial de Abengoa de contaminar con arsénico el manto acuífero del lugar, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México.

La decisión final del laudo prácticamente deja cerrado un caso de violación del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre México y que se ha prolongado durante tres años.

Tampoco se ha fijado el monto definitivo de la compensación, algo que el CIADI, que depende del Banco Mundial (BM), “estará precisando en los próximos días”, dijo el ministro Guajardo.

Explicó que “la evaluación que se hace de este caso es que los elementos que afectan al mismo son tan claros en el incumplimiento por parte de la autoridad municipal que estaríamos desperdiciando recursos valiosos de la nación en llevar el caso a tribunales”.

Agregó que el equipo legal de la Secretaría de Economía sabe “de entrada que hay muy pocos elementos para poder revertir la decisión ya de un tribunal internacional en las cortes”.

Desde 1994 México ha estado involucrado en quince casos de de los que ganó siete y perdió ocho.

Entre los últimos México únicamente impugnó uno, “que fue el caso de (la estadounidense) Cargill y la fructosa” por aranceles mexicanos puestos entre 2002 y 2007, “y finalmente lo terminamos perdiendo”, recordó Guajardo.

A futuro, el ministro dijo que el caso Zimapán está siendo sometido a análisis en el Gabinete económico para introducir posibles cambios legales y corresponsabilizar a las autoridades locales cuando sus acciones motiven el pago de indemnizaciones por parte del Gobierno federal.

“Tenemos que trabajar para hacer adecuaciones al marco legal nacional para que los incentivos de actuar con responsabilidad en todos los niveles de Gobierno se alineen y que los platos rotos no solo los pague la Federación cuando la acción proviene de una decisión de la autoridad local”, apuntó.

Según Guajardo, con todo y situaciones como la del caso Abengoa, es del “interés nacional seguir promoviendo esos acuerdos internacionales que le dan certidumbre a la inversión”.

Fuente: El Economista América