UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria” aboga por “una verdadera actividad política y administrativa sin sombras”

La transparencia y la imparcialidad son algunas de las pistas que, según el juez , nos da la Constitución Española para luchar contra la corrupción. En su opinión, estos comportamientos “íntimamente ligados a la delincuencia económica” no se solucionan únicamente a base de Derecho Penal y sentencias judiciales, sino que hace falta además “una verdadera actividad política y administrativa sin sombras, con transparencia”.

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, además de portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria”, impartió hoy en la Universidad de Cantabria la conferencia “El juez penal y los procesos de corrupción mediáticos”, invitado por la profesora Paz de la Cuesta, del Departamento de Derecho Público de la UC.

Marcelino Sexmero ha sido responsable, desde su juzgado actual y también desde la Audiencia Nacional, de algunos casos contra políticos y personas públicas por delitos de corrupción, y se ha significado en la defensa de los derechos y libertades públicas. Según explicó en la charla, la corrupción opera con hechos “difícilmente aprehensibles”, de ahí que tanto la policía como los jueces se encuentren con complicadas investigaciones.

El ponente considera que el papel de la judicatura debe acomodarse a la realidad social. “El juez debe ser consciente de en qué tiempo vive y qué necesidades tiene el ciudadano, y no mirar para otro lado”. Según Sexmero, “el mayor error es trasladar el debate político al ámbito judicial”, y el “activismo judicial debe ser moderado”, solo en “situaciones de emergencia y de déficit democrático”. “Hemos estado al límite pero no hemos llegado a esos extremos, aunque todavía hay riesgos”, dijo, abogando por resistir las tentaciones del juez mediático o estrella: la popularidad, la entrada en política…

Opacidad y zonas grises

Marcelino Sexmero hizo un repaso de los múltiples delitos asociados a la actividad corrupta: contra la Hacienda pública, delitos urbanísticos, contra la administración (prevaricación, cohecho…). Hizo hincapié en los problemas asociados a la figura del “político profesional” y, derivado de ello, la financiación de los partidos, que calificó de “opaca”. En casos como el de Bárcenas, señaló, y como la financiación no es delito en si misma, no cree que “quede en algo más que en delito fiscal”.

El juez disertó sobre la relación política-economía, que deriva en fenómenos “de difícil control” y por ello están bajo sospecha cuestiones como las contrataciones públicas: cómo se consiguen, qué relaciones hay entre concesionarias y políticos… “La principal hipocresía del sistema de externalizaciones es que favorece la permanencia de todos en una zona gris, muerta, entre lo público y lo privado, que acaba con perjuicio en las arcas municipales o regionales y en pérdida de la credibilidad”. Precisamente, Marcelino Sexmero considera fundamental recuperar la confianza, ya que, “si no, los jueces sólo podremos condenar y meter en la cárcel a tres o cuatro políticos corruptos”.

También habló sobre la “potencialidad de corrupción” en las consultorías contratadas por las administraciones públicas, con casos de precios abusivos y servicios que no se hacen (Nóos, por ejemplo), o sobre la sanidad pública y la “famosa puerta giratoria”. O sobre la corrupción local, “muy presente en empresas públicas”. “Externalizar impide los únicos controles existentes, el del Tribunal de Cuentas y el de la Intervención General del Estado”, recordó. Sexmero reflexionó además sobre lo que denomina “economía parásita”, también “difícil de investigar”: la de contrataciones o servicios a través de subvenciones, o servicios improductivos. “Es el caso de los ERE de Andalucía, entramados societarios y personales para transferir dinero público al entorno privado”.

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