UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Alertan, en un comunicado, de que la inadecuada aplicación de la nueva norma “podría afectar gravemente a los derechos de los acusados”

Los decanos de las facultades de Filosofía y Letras y Derecho de la Universidad de Alicante, Juan Francisco Mesa y , han emitido un comunicado con el que suscriben, junto con el Departamento de Traducción e Interpretación, los emitidos por la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) y las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes agrupadas en la Red Vértice, en el que alertan sobre el peligro que supondría transponer incorrectamente la Directiva 2010/64/UE sobre interpretación y traducción en los procesos penales. La primeras reacciones se hicieron públicas tras la celebración en la Universidad de Alcalá de Henares del 5º Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, el pasado mes de abril.

Los expertos en interpretación judicial advierten de que los planes del Ministerio de Justicia podrían afectar gravemente a los derechos de los sospechosos y acusados en el ámbito penal. Critican, entre otras cuestiones, la posibilidad de que se permita a personas jurídicas inscribirse en un registro específico de intérpretes y traductores.

El comunicado suscrito es el que sigue:

“Las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho, desde su responsabilidad como formadores de traductores e intérpretes y juristas, recogen la denuncia de CCDUTI y las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes de la falta de profesionalización que el sistema de licitación ha supuesto para los servicios de traducción e interpretación en los servicios públicos de nuestro país.

Se han producido casos de concesión del servicio de traducción e interpretación judicial a favor de empresas que no garantizan la capacitación profesional de sus trabajadores a través de la correspondiente titulación. Además, en la concesión de estos servicios se priman criterios económicos, por lo que las licitadoras pujan a la baja, lo que ha derivado en una reducción drástica en los emolumentos que perciben los profesionales del sector, lo que acaba favoreciendo el que se contrate a personal sin la debida cualificación en traducción e interpretación.

Toda esta situación, además de constituir una distorsión de las tarifas profesionales actuales, implica que en la mayoría de los casos se contrate a personas no cualificadas para desempeñar este trabajo, que requiere de una sólida formación en traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina forense, entre otros campos del saber, para garantizar la profesionalidad y la calidad en la prestación del servicio, como se viene denunciando de manera incansable desde los colectivos implicados.

El peligro de no contar con personal que pueda acreditar capacitación para ejercer como traductor-intérprete judicial es el de no cuidar adecuadamente la enorme responsabilidad de actuar como puente lingüístico en un contexto altamente especializado en el que se dirimen cuestiones que afectan directamente a los derechos de la ciudadanía. Con este modelo de contratación, se aparta a muchos profesionales con formación y trayectoria reconocida en el ámbito de la traducción y la interpretación jurídica y judicial de trabajar en la Administración de Justicia. Buena parte de este colectivo profesional ha recibido formación específica en universidades públicas y otros tantos cuentan con una trayectoria profesional muy sólida, pero ven cómo se les niega el trabajo en condiciones dignas, acordes con su currículum y experiencia, en la propia Administración pública.

La Administración debe velar por la tutela de las garantías fundamentales del derecho de defensa y la consecución de un juicio justo de las personas procesadas, y para ello debe cumplir con lo dispuesto en la Directiva Europea 2010/64/UE disponiendo todos los recursos técnicos, administrativos, económicos y humanos que sean necesarios, no solo limitarse a optar por la opción que conlleve menos recursos económicos a corto plazo.

Poner los servicios de interpretación judicial en manos de personas sin la formación suficiente implica el riesgo de obtener una interpretación deficiente y, por lo tanto, viciar la posible defensa del acusado. Como representantes de las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho, dado los antecedentes ya producidos en otras Comunidades Autónomas, nos vemos en la obligación de advertir que esto puede ocasionar unos enormes costes cuando la labor de traducción se realiza inadecuadamente y, como consecuencia, hay que invalidar la instrucción de una causa o repetir algún acto procesal, con lo que ello supone sobre el bolsillo del contribuyente. A la larga, puede tener consecuencias muy graves sobre la operatividad de los juzgados y, por ende, sobre la impartición de justicia a la ciudadanía”.