UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante han mostrado su indignación ante la negativa del gobierno “a debatir ni una sola de las enmiendas planteadas por colectivos profesionales y académicos para el proyecto de modificación de la encaminadas a garantizar la calidad de los traductores e intérpretes”. Según han declarado los respectivos decanos, y Juan Mesa, el proyecto de Ley Orgánica que se debate mañana, “pone en peligro necesaria seguridad jurídica en la que deben basarse las decisiones judiciales en materia penal, dificultándose la investigación y el esclarecimiento de los delitos”, ya que permite que cualquier persona con conocimiento de idiomas, sin formación ni garantías, pueda actuar como intérprete judicial.

Según los decanos, con la nueva ley “se dilapidaría la inversión en investigación y la formación realizada por la sociedad a través de las titulaciones universitarias, cuyo único objetivo consiste en formar profesionales cualificados para garantizar los derechos de todas las partes en el caso de tener que recurrir en sede judicial a las labores de un traductor o un intérprete”. Mesa y Femenía coinciden en que la actuación gubernamental “abre la puerta a una praxis profesional inadecuada, tanto como a la precarización laboral de los traductores e intérpretes judiciales”.

Ambas facultades se han sumado al comunicado lanzado por la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados, APTIJ, cuyo presidente, Juan Miguel Ortega, es profesor del departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante. APTIJ ha estado presente en las comisiones previas a la elaboración de la Ley y ha presentado varias enmiendas que no han sido tenidas en cuenta “apelando a la mayoría en el Congreso de los Diputados del equipo en el gobierno”, explica Ortega.

La reforma de la Ley viene motivada por la transposición de la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, que obliga a tomar las medidas legales oportunas dirigidas a garantizar la calidad de la traducción e interpretación en diligencias penales.

Los profesionales han lanzado una campaña en change.org para pedir la retirada del Proyecto que en apenas 12 horas ha conseguido cerca de 3000 firmas.