UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA

· El director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH, Enrique Lluch, ha publicado un estudio sobre la viabilidad de esta medida en el último informe de coyuntura del Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la CV, integrado por la CEU-UCH, Cáritas y la Fundación FOESSA

· Una renta básica de 650 euros mensuales, como la incluida en algunas propuestas electorales, incrementaría en cien mil millones el gasto actual del Estado en prestaciones y obligaría a aumentar la presión fiscal por encima de la media de la UE

· Una cuantía más reducida, en torno a 470 euros mensuales, sería viable para las arcas del Estado, pero no permitiría sacar de la pobreza a quien viviera solo

“Implantar una renta básica universal, garantizada de manera individual a todos los ciudadanos, independientemente de su renta y cotizaciones previas, rompería con nuestro actual concepto del estado del bienestar: el Estado ya no velaría por mantener nuestro nivel de vida en pensiones o prestaciones por desempleo en función de lo que hayamos cotizado previamente, sino que pasaría a garantizar a toda persona los recursos mínimos considerados necesarios para vivir, independientemente de su contribución previa a la seguridad social y de su nivel de renta”. En estos términos valora Enrique Lluch, director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH, la implantación de una renta básica para toda la población, como medida para luchar contra la pobreza extrema. En su análisis, incluido en el último informe de coyuntura 2015 del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la CV, Lluch calcula la viabilidad económica de las actuales propuestas de renta básica y destaca que implantarla “supondría un cambio profundo y una manera nueva de entender la solidaridad dentro del Estado”.

El profesor de la CEU-UCH parte del cálculo de la cuantía que podría considerarse viable para la renta básica, destacando que una demasiado elevada puede tener un efecto de desincentivo hacia el trabajo remunerado. Pero, por el contrario, una renta básica demasiado reducida, aunque pudiera ser viable desde el punto de vista económico para el Estado, no lograría su objetivo esencial: sacar de la pobreza extrema a los ciudadanos que no cuentan con los recursos básicos necesarios para vivir.

470 euros al mes, si no se vive solo

Las cuantías calculadas hasta ahora toman como referencia el umbral de la pobreza, aunque este se determina según el tipo de hogar y no de manera individual. “Atendiendo a este umbral, actualmente fijado en 7.500 euros anuales, asignar una renta básica de 650 euros mensuales a todos los españoles -cifra que establecen las propuestas que hasta ahora se han hecho-, supondría un gasto total de 307.290 millones de euros, mientras que la suma actual de transferencias corrientes del Estado y de las Comunidades Autónomas a las familias en los presupuestos de 2015 es de 208.054 millones de euros. Estos más de 100.000 millones de euros de gasto adicional, un 10% del PIB, obligarían a aumentar la presión fiscal española por encima de la media de la UE, cuando actualmente estamos siete puntos por debajo”.

El profesor Enrique Lluch señala que la viabilidad del gasto sí se podría lograr con una cuantía más reducida, en torno a los 470 euros mensuales. “Con ello, estaríamos incrementando en 27.000 millones de euros el gasto actual. Bastaría con incrementar la recaudación un 2,7% para poder realizar esta política sin incurrir en un déficit mayor, manteniéndonos con una presión fiscal inferior a la media de la UE”. Sin embargo, esta cuantía económicamente viable para las arcas del Estado, “no permitiría sacar de la pobreza a aquel que viviese solo y que no tuviera más ingresos que la renta básica. En los hogares en los que vivieran más de dos personas, la suma de sus rentas sí les permitiría vivir por encima del umbral de la pobreza”.

Renta básica y prestaciones actuales

El director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH destaca que las propuestas hechas hasta ahora sobre implantación de la renta básica no abordan qué sucedería con las actuales prestaciones sociales y con los derechos que ya se han adquirido a percibir pensiones o subsidios por desempleo por cuantías superiores. “Si la renta básica sustituye totalmente a aquellas transferencias inferiores a su cuantía, pero no a las de aquellos que están recibiendo una transferencia pública superior, el incremento de gasto total no sería viable. Pero, por otro lado, si las personas que ahora están subsidiadas por el Estado viesen reducidas las ayudas recibidas al sustituirlas por la renta básica se plantearía un problema legal sobre sus derechos adquiridos y surgiría, además, una fuerte oposición hacia esta medida”.

Con la sustitución por las prestaciones actuales, la renta básica supondría un cambio profundo de los fundamentos actuales del Estado del Bienestar, pasando de un sistema contributivo a otro igualitario. “Los subsidios de desempleo y pensiones actuales son, en este momento, transferencias que se ofrecen a los ciudadanos en la medida en que han cotizado con anterioridad. La renta básica, sin embargo, introduciría una dinámica de gratuidad, en la que se recibe sin haber dado nada a cambio previamente. Con ella, el Estado deja de ser un garante de que las personas mantengan el nivel económico que han alcanzado, para ser un garante de que todos y cada uno de los miembros de una sociedad cuenten con unos ingresos mínimos para vivir”.

El análisis “Renta básica versus renta mínima” del profesor Enrique Lluch está incluido en el Estudio “Análisis y Perspectivas Comunitat Valenciana 2015. ¿Recuperación? Enfoque agregado versus enfoque de la privación”, elaborado por el Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, en el que colaboran la Universidad CEU Cardenal Herrera, las Cáritas diocesanas de la Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA. El Observatorio está dirigido por Enrique Lluch Frechina, director del Departamento de Economía y Empresa de la CEU-UCH.

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