UNIVERSITAT JAUME I

El catedrático José Luis González Cussac ha puesto del relieve el grave problema de lavado de dinero en España relacionado con el crimen organizado

La Universitat Jaume I ha celebrado una jornada internacional sobre proceso penal bajo el título «Víctima, criminalidad organizada y corrupción» en la que se ha abordado la corrupción, el crimen organizado y el extremismo, las reformas sustantivas en materia de corrupción pública o la situación y el tratamiento de la corrupción en países como Italia y Alemania.

La jornada se ha iniciado con la intervención de Marisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal de la UJI, quien ha señalado que el problema de la proliferación de la corrupción y de las absoluciones y condenas indulgentes no está en el Código Penal. «Tenemos tipos más que suficientes para condenar, los problemas son otros como la carencia de mecanismos administrativos de control eficaces o, cuando estos fallan, contar con mecanismos procesales ágiles» ha afirmado la catedrática.

Así mismo, ha añadido que hay una manifiesta insuficiencia de medios en los organismos destinados a combatir la corrupción con una fiscalía anticorrupción que ha asumido más competencias y que tiene la misma plantilla que en 1995 y otras unidades que colaboran, como la Agencia Tributaria o la Policía Nacional, que tan sólo cuentan con 10 funcionarios para esta tarea cada una.

En cuanto a las reformas introducidas por la Ley Orgánica 1/2015, ha explicado que contemplan el aumento de las penas, la introducción de una nueva figura de financiación ilegal de partidos políticos o la configuración de la malversación como una modalidad de administración desleal. «Se han aumentado las penas con el objetivo declarado de aumentar la prescripción pero lo que se tiene que hacer no es que los delitos prescriban más tarde sino investigarlos con mayor celeridad. En cuanto a la administración desleal, esta no castiga los casos de ineptitud en la gestión de forma que están todavía para probar las ventajas de este cambio» ha apuntado.

Para concluir, Cuerda ha afirmado que «hace falta en España realizar reformas armónicas y no sectoriales en los controles administrativos previos y en la legislación procesal. El proceso y el modelo de enjuiciamiento ya no admite más reformas, requiere un cambio radical». En este sentido, ha explicado que no sólo es necesario este cambio por los efectos que tiene sobre la pena sino por el efecto en la prevención general intimidatoria y también en la prevención general positiva porque la falta de condenas o las condenas indulgentes provocan una falta de confianza del ciudadano en las instituciones y en el modelo democrático y, por lo tanto, en el estado de derecho.

En cuanto a la corrupción y el crimen organizado, el catedrático José Luis González Cussac ha afirmado que «el Derecho penal y el Derecho procesal pueden arreglar ciertas partes de este fenómeno pero, para ello, primero tiene que haber un funcionamiento adecuado de la administración pública». Así, ha explicado que el Derecho Penal en estas materias es extremadamente dependiente del Derecho administrativo y esto significa que técnicamente las figuras de delito y, por lo tanto, las investigaciones penales, tienen que enfrentarse a una relajación en cuanto a la tipificación, una remisión continúa al derecho administrativo o problemas de retroactividad.

Así mismo, ha hecho referencia a dos fenómenos no propios del Derecho penal que todavía han aumentado más la complejidad en las investigaciones e incrementan las dificultades técnicas como es el hecho de que las administraciones públicas hayan externalizado servicios públicos a empresas mixtas o privadas y la desregularización, que suaviza toda una serie de controles previos administrativos. «Al margen de las deficiencias propias de carácter procesal y de la falta de dotación en los cuerpos de la administración también tenemos dificultades técnico-jurídicas» ha señalado.

Por otro lado, ha hecho referencia al Pacto estatal contra la corrupción que se firmó el pasado 9 de diciembre con más de 200 medidas que varios colectivos de la sociedad civil proponían para reducir la corrupción en España. «Casi todos los partidos políticos lo han firmado pero hay un dato muy significativo y es que los grandes partidos no están de acuerdo en la reducción de los puestos de libre designación en la administración» ha apuntado. En este sentido, ha señalado que los estudios de calidad revelan que el 30% de los empleados públicos españoles son de libre designación. Relacionado con esto, ha hecho referencia al problema de las capturas de políticas públicas, es decir, determinados sectores consiguen que el dinero público de los presupuestos generales se gaste en estos ámbitos, en el caso de España la obra pública, y no en otro tipo de servicios.

Para finalizar, ha afirmado que España tiene un grave problema de lavado de dinero. «Todo el Mediterráneo español es una inmensa lavadora de la criminalidad organizada de todo el mundo» ha apuntado. Así, ha explicado que España tiene un gran conexión entre el crimen organizado y determinada clase política en el ámbito local y que este «destrozo» en todo el Mediterráneo español y ya en parte del Atlántico y el Cantábrico no se debe a cuestiones locales sino que se vincula a una penetración y un dominio institucional de crimen organizado. «Esta penetración puede ser letal para las instituciones democráticas» ha concluido.

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