UNIVERSITAT DE VALENCIA

Vicenta Tasa, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat, plantea en su tesis que las cuatro lenguas más habladas de España (castellano, catalán/valenciano, gallego y vasco/éuscaro) sean oficiales de todo el Estado y de sus instituciones. La propuesta, basada en la modificación del artículo 3 de la Constitución, también sugiere que a nivel autonómico se establezca la oficialidad y el reconocimiento de las otras lenguas españolas.

“El modelo resultante reconocería la totalidad de la diversidad lingüística española y dotaría de una mayor seguridad lingüística a los hablantes de todas las lenguas. La reforma propuesta se fundamentaría en los principios de protección y promoción preferente de las lenguas minoritarias, de voluntad de supervivencia de la diversidad lingüística española, y de libertad de lengua en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos”, apunta Vicenta Tasa autora de la tesis Drets lingüístics i ordenament constitucional. Seguretat lingüística vs. jerarquia lingüística. Un estudi comparat de Suïssa i Espanya.

El trabajo defiende el acercamiento de la regulación constitucional española, la legislación lingüística y las políticas públicas, al modelo de Suiza, con cuatro idiomas oficiales en el ámbito estatal.

“Este hecho comporta promover, en la medida de las posibilidades y la realidad sociolingüística, el plurilingüismo y la igualdad efectiva de las doce lenguas españolas. E implicaría también convertir en lenguas oficiales del Estado, además del castellano, el catalán/valenciano, el gallego y el vasco/éuscaro”, indica la profesora del Departamento de Derecho Constitucional.

Con la propuesta, leída el viernes en la Facultad de Derecho y calificada con excelente cum laude, las lenguas oficiales del Estado serían oficiales también en todo su dominio lingüístico respectivo y tendrían un uso oficial preferente. El castellano mantendría su condición de lengua oficial o cooficial en todas las comunidades autónomas.

Además, las comunidades autónomas podrían regular la oficialidad de las lenguas españolas minoritarias (asturleonés, aranés, aragonés, árabe y rifeño) en las respectivas comunidades autónomas. Y los poderes públicos estudiarían la vitalidad lingüística y el régimen de reconocimiento de las minorías lingüísticas extremas (el portugués, el caló y la haquitía) allá donde son lenguas habladas.

Actualmente, el reconocimiento legal del pluralismo lingüístico español, derivado del artículo 3 de la Constitución, establece un sistema de jerarquía lingüística, el cual mantiene la preeminencia del castellano en base a su oficialidad única en el Estado y de la obligatoriedad de su conocimiento por todos los ciudadanos, mientras que el reconocimiento legal del resto de lenguas queda a la voluntad de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas.

La propuesta formulada por la doctora Vicenta Tasa aspira a un reconocimiento legal y a unas políticas públicas lingüísticas de las instituciones centrales del Estado y de las autonómicas orientadas a garantizar la seguridad lingüística de los hablantes de todas las lenguas españolas en su territorio histórico, garantizando un reconocimiento sólido e igual de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Así, según se defiende en la tesis doctoral, el modelo planteado garantiza la seguridad lingüística –las condiciones, de todo tipos y no únicamente legales, que hacen posible que una persona pueda vivir, sin tensiones ni irritaciones emocionales innecesarias, en su lengua propia en el territorio en que la lengua es autóctona–, por encima de la jerarquía lingüística –el sistema de valores, de regulación legal, de reconocimiento político y social desigual de las diferentes lenguas de una comunidad política plurilingüe.

La propuesta de la profesora de Derecho Constitucional se inspira en el modelo suizo, que se basa en la existencia de cuatro lenguas oficiales en las instituciones federales, a la vez que la inmensa mayoría de los municipios, distritos y cantones son oficialmente y colectivamente monolingües, y sólo hay una minoría de territorios plurilingües. Todo esto con políticas públicas orientadas a conseguir que la población de cada cantón sea individualmente plurilingüe y conozca, además de la lengua propia, otra lengua suiza y una lengua extranjera.

Diversidad lingüística

La tesis Drets lingüístics i ordenament constitucional. Seguretat lingüística vs. jerarquia lingüística. Un estudi comparat de Suïssa i Espanya se ha elaborado dentro del Programa de doctorado de Derecho, Ciencia Política y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, y sus directores han sido el doctor Joan Subirats Humet, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, y el doctor José María Vidal Beltrán, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Metodológicamente, la investigación compara la diversidad lingüística, el sistema legal-constitucional, la jurisprudencia y las políticas públicas lingüísticas de Suiza y España. Y se enmarca dentro de la disciplina del Derecho Constitucional, a pesar de que tiene en cuenta análisis de la Ciencia Política y la Teoría Política.

Como conclusión, la tesis destaca que Suiza y España han dado una respuesta bastante diferente a los respectivos plurilingüismos en el sistema legal-constitucional, en el relato nacionalitario, en las políticas públicas lingüísticas y en la propia convivencia entre las lenguas.

Así, mientras que en Suiza no hay ningún tipo de cuestionamiento del hecho que es una nación lingüísticamente plural o las fronteras del estado-nación; España es uno de los países de Europa Occidental con más tensión política y más dudas sobre la continuidad de sus fronteras actuales; y con una tendencia a utilizar las diferentes lenguas como elemento de confrontación entre los diferentes relatos nacionalitarios en conflicto.

El tribunal de la tesis doctoral lo han formado Pere Vilanova Trías, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, como presidente; Cristina Elías Méndez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vocal; y Margarita Soler Sánchez, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València, secretaria.