UNIVERSIDAD DE GRANADA

El profesor José Sánchez Pérez, del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aborda en un trabajo de investigación en qué medida quedarán afectadas las expectativas de los trabajadores que se desplacen al Reino Unido

También estudia la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea alrededor de un tema crucial: las prestaciones sociales vinculadas al derecho de circulación

El Brexit ha supuesto una auténtica carga de profundidad dirigida a la línea de flotación de la Unión Europea. Las consecuencias inmediatas aún se encuentran pendientes de perfilar en una partida de ajedrez cuyo primer movimiento ha sido ejecutado por la primera ministra británica Theresa May, en una estrategia negociadora cuyas claves aún mantienen diversas incógnitas.

El profesor de la Universidad de Granada (UGR) José Sánchez Pérez, perteneciente al departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha analizado cómo afectará el Brexit al derecho de libre circulación de trabajadores en la Unión Europea (UE), abordando el contenido del derecho de libre circulación (el requisito de la nacionalidad de un país de la UE, el concepto de trabajo y trabajador, las condiciones laborales vinculadas a los trabajadores que ejercen el derecho, los derechos incluidos −de seguridad social, de asistencia sanitaria−, excluidos o necesitados de autorización −como la asistencia hospitalaria−, o las limitaciones para ejercer el derecho −orden público, sanitarias y empleo en el sector público−).

En la frontera común Schenguen se ha diseñado un auténtico espacio de libertad y seguridad jurídica que se traduce en el derecho a la libre circulación de personas. El derecho a circular y residir libremente dentro de la U.E. constituye la piedra angular de la ciudadanía de la Unión (Tratado de Maastricht de 1992).

Tras la supresión gradual de las fronteras interiores conforme a los Acuerdos de Schengen, la Directiva 2004/38/CE reguló el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

La sorpresiva decisión del Brexit afecta de forma directa al país que venía ocupando el primer destino laboral de los trabajadores españoles que optaban por abandonar nuestro país en la búsqueda de mejores expectativas laborales.

En su investigación, el experto de la UGR analiza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea alrededor de un tema crucial: las prestaciones sociales vinculadas al derecho de circulación. Precisamente, uno de los problemas centrales que desembocó en el Brexit es la idea que existe en el Reino Unido de que los trabajadores de la UE van al Reino Unido a beneficiarse de las prestaciones sociales.

“La creciente ola de populismo parece abrirse paso de forma imparable (Brexit, Trump, Marine Le Pen/ Mélenchon, la corriente anti inmigración…). La situación que se describe abre varias incógnitas: ¿podremos seguir circulando por el territorio de la UE o la ola nacionalista que acompaña al Brexit se acabará imponiendo, condicionando gravemente este derecho?”, apunta Sánchez.

El juego negociador que comienza plantea diversas opciones que se resolverán una vez que surtan efecto las consecuencias de la salida del Reino Unido de la UE. Entre ellas, el investigador de la UGR plantea tres alternativas:

Opción A: Integración en el Espacio Económico Europeo (se mantiene la moneda, no leyes de la UE –como el caso de Noruega, Islandia, Lichstentein-).

Opción B: Acuerdo bilateral que excluiría la exigencia de un permiso de trabajo.

Opción C: Acuerdo de libre comercio, en cuyo caso el trabajador sí necesitaría un permiso trabajo y visado (caso, v. g. Ucrania).

La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) avalaba la equiparación de requisitos de todos los ciudadanos de la UE cuando se trasladaban de residencia. Es por ello que la última doctrina del TSJUE intentaba acallar o limitar las quejas cada vez mayores del Reino Unido.

La crisis agravó la situación de los ciudadanos europeos desplazados poniendo sobre la mesa el problema de la solidaridad entre Estados. Se pretendía evitar que los ciudadanos económicamente inactivos de la Unión utilicen el sistema asistencial del Estado miembro de acogida para financiar su medio de vida . De hecho, la última sentencia que se produjo antes del Brexit parecía atender la limitación de estos derechos asistenciales limitando a solo 6 meses la concesión de ayudas o prestaciones sociales a los trabajadores desplazados sin empleo.

La situación actual entra más dentro del ámbito político, pues la opción jurídica definitiva está por definir. Theresa May parece optar, como estrategia negociadora para materializar el Brexit, con romper vínculos con la UE (esto es, la tercera opción propuesta por el experto de la UGR), que exigiría visado para trabajar en el Reino Unido. Amenaza con romper la colaboración policial y antiterrorista y eliminar todo derecho de libre circulación). Las otras dos opciones propuestas por Sánchez mantendrían las opciones de circular libremente para trabajadores españoles y británicos por la UE y Reino Unido (integración en el Espacio Económico Europeo o acuerdo bilateral).

Referencia bibliográfica:

La doctrina del TJUE en la aplicación del principio de libre circulación de personas, AA.VV., “Nuevas políticas jurídicas para el cambio migratorio: tutela jurídico-social de los trabajadores emigrantes”, Editorial Aranzadi, 2017 (en prensa).

Etiquetado con:

Noticia clasificada como: Investigación universitariaUniversidades de Andalucía

Te gustó este artículo? Subscríbete a mi RSS feed