UNIVERSIDAD DE GRANADA

Este Plan se concibe como un proyecto corporativo de transformación digital de los servicios públicos, un proyecto complejo, multidisciplinar en el que se abordan aspectos jurídicos, organizativos, procedimentales y tecnológicos

En la Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UGR celebrada el lunes, 19 de febrero, se ha aprobado el Plan de Acción de Administración Electrónica de la Universidad de Granada 2018/2019, que se concibe como un proyecto corporativo de transformación digital de los servicios públicos, un proyecto complejo, multidisciplinar en el que se abordan aspectos jurídicos, organizativos, procedimentales y tecnológicos.

Las nuevas Leyes 39 y 40/2015 han incorporado significativas novedades en el funcionamiento de las administraciones públicas: la plena integración de los medios electrónicos en la tramitación del procedimiento administrativo, la simplificación procedimental, la distinción entre la identificación y la firma electrónica o la asistencia a las personas en el uso de los medios electrónicos, por citar algunos ejemplos. La entrada en vigor de estas dos Leyes constituye una oportunidad para impulsar y fortalecer un modelo de Administración pública más transparente, simple, proactiva, eficaz eficiente y sostenible.

El Plan de Acción de Administración Electrónica de la Universidad de Granada 2018/2019 se encuadra en el proceso que esta institución debe realizar para hacer frente a las previsiones sobre administración electrónica contempladas en las mencionadas Leyes 39/2015 y 40/2015. Este Plan se concibe como un proyecto corporativo de transformación digital de los servicios públicos, un proyecto complejo, multidisciplinar en el que se abordan aspectos jurídicos, organizativos, procedimentales y tecnológicos y no solo como un proyecto tecnológico, aun siendo la tecnología esencial para dar respuesta al reto que supone la adopción de un nuevo modelo de administración electrónica consecuente con las exigencias normativas.

El usuario se sitúa en el foco central del diseño de este plan de administración electrónica. La accesibilidad, la usabilidad, la simplicidad y la seguridad de las personas, sean estudiantes, PDI, PAS o cualquier ciudadano en general, constituyen el propósito principal de un plan que nace de la reformulación de los procedimientos y la información asociada con el propósito de avanzar hacia procesos homogeneizados, simplificados, interoperables, no redundantes y electrónicos desde el comienzo hasta la finalización, promoviendo la búsqueda constante de la cultura de mejora continua del servicio público que la Universidad tiene encomendado.

En este contexto, la Universidad de Granada debe establecer una hoja de ruta, un plan, que ordene las actuaciones ya realizadas en el ámbito de la administración electrónica y permita conjugar el cumplimiento normativo con la incorporación de forma progresiva todas las infraestructuras de la administración electrónica en su gestión, interiorizando en este proceso de transformación los criterios de simplificación, de reducción de cargas administrativas, de interoperabilidad, de transparencia, etc.

Finalidad del Plan

Lograr una transformación digital que haga efectivo el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con la administración universitaria garantizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público y demás disposiciones normativas, complementarias de las mismas.

Objetivos:

1. Implantar un nuevo modelo de prestación de servicios digitales orientado a las personas, de forma que el canal electrónico se convierta en el medio preferido para relacionarse con la administración universitaria.

2. Desarrollarlos instrumentos que posibiliten la construcción e implantación de los servicios electrónicos desde una visión integral y holística de las necesidades y de las actuaciones en la búsqueda constante de la mejora del servicio público.

3. Desarrollar un marco técnico-organizativo-jurídico que garantice la seguridad jurídica en la implantación del modelo digital de procedimientos y servicios mediante su rediseño respetando la normativa procedimental que rija en cada caso.