Después de haber pagado los fallos establecidos por el y (los tribunales de del Banco Mundial y de la ) en favor de cinco empresas extranjeras, el Gobierno enfrenta ahora un nuevo test.

Según se conoció el martes, el primero de esos organismos confirmó que un panel de tres jueces falló en el caso que presentó la empresa francesa en contra de la en del 2004 por ruptura de contrato.

Una fuente dijo que el fallo determina que Argentina debe pagarle a Total aproximadamente 300 millones de dólares. En el CIADI dijeron que por el momento no tiene autorización para hacer público el fallo.

ha acordado pagar unos 500 millones de dólares a cinco empresas para que retiren demandas ante paneles arbitrales de organismos internacionales, en una medida que busca mejorar la imagen del país ante los inversores en medio de una dura batalla legal contra tenedores rebeldes de deuda.

Las empresas incluidas en el acuerdo son Azurix, Blue Ridge Investments, Vivendi, Continental Casualty Company y National Grid. Las cuatro primeras habían demandado a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones () del Banco Mundial, mientras que la restante ante un panel de las .

El arreglo incluye resarcir a las compañías con dos títulos públicos en dólares, el Bonar 2017 para el capital y el Boden 2015 para los intereses, a cambio de una quita 25% en los 677 millones de dólares que exigen como indemnización por las pérdidas acarreadas debido a medidas tomadas durante la argentina del 2001.

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ha confirmado su decisión de no impugnar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones () que le obliga a pagar a la empresa española alrededor de 38 millones de dólares.

“La evaluación que se ha hecho es ‘no gastemos más recursos en algo que, notoriamente, está perdido”, dijo en entrevista telefónica con Efe el secretario (ministerio) de Economía, Ildefonso Guajardo, para justificar que no habrá recurso.

Un diario mexicano adelantó que el Gobierno había descartado impugnar un arbitral que en abril le condenó a indemnizar a la española Abengoa por la clausura de un vertedero de residuos que construyó en Zimapán, en el central estado de Hidalgo.

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