El arbitraje en España, un valor en alza

En los últimos días ha saltado a los medios una nueva noticia sobre arbitraje. La importancia de los implicados nos da una idea del alcance de las vías alternativas de resolución de conflictos: nada menos que el Gobierno de España y una larga lista de inversores internacionales de las principales empresas de energía fotovoltaicas.

El primero se enfrenta a una demanda arbitral, debido a su decisión de recortar las primas que había acordado conceder a las segundas. La medida fue aprobada el pasado mes de diciembre y tiene carácter retroactivo. Los afectados consideran que se perjudican sus intereses económicos y, si no se llega antes a un consenso, solicitarán la designación de un árbitro que dirima la controversia.

En el ámbito internacional no se concibe en las empresas y despachos de abogados otra fórmula que no sea el arbitraje, debido a que el inversor, el contratista o el empresario que invierte en otro país está incómodo sometiendo sus controversias a la jurisdicción local, por razones de cultura, idioma y de confianza y seguridad jurídica.

En nuestro país, a pesar de que todavía existen ciertas barreras (sobre todo, por falta de conocimiento y de tradición), en la actualidad el arbitraje experimenta un importante auge y puesta en valor. Algo que no deja de ser una buena noticia. El sector de la construcción y los servicios han sido los que, históricamente, han derivado sus controversias a arbitraje, pero desde hace cinco años el apoyo legislativo y judicial al arbitraje y el aumento de la confianza de abogados y empresarios han hecho que sectores como la ingeniería, inmobiliario, propiedad intelectual e industrial, transportes, financiero y seguros apuesten, cada vez más, por esta alternativa.