UNIVERSITAT JAUME I

El de la Universitat Jaume I abordó la problemática en torno a la politización del poder judicial al Estado español y la necesidad de la independencia económica e ideológica de los órganos de gobierno judiciales en la sesión inaugural del curso, celebrada el pasado lunes 1 de octubre.

El debate estuvo moderado por la periodista Rosabel Tavera, corresponsal de la agencia EFE en Castelló, quién estuvo acompañada por Eloísa Gómez, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castelló y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura; Antonio Esteban, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló; Carlos Núñez, magistrado-juzgo del Juzgado Mercantil de Castelló; y , presidente de la Audiencia Provincial de Castelló y miembro de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. La nueva decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de Jaume I, Cristina Pauner, que fue la encargada de presentar la temática del primer debate del curso, calificó de necesaria la reflexión en torno a la crisis del sistema judicial español en el contexto presente de crisis política y económica.

El turno de intervenciones lo comenzó Eloísa Gómez, quién defendió un “estatus” profesional del juez que pueda garantizar su independencia en favor de una correcta tutela de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de la Ley. En este sentido, opinó que la reforma del Consejo General del Poder Judicial anunciada recientemente por el Ministerio de Justicia podría resultar perjudicial por la independencia del órgano de gobierno del tercer poder del Estado. En la misma línea fue la intervención del decano del Colegio de Abogados de Castelló, Antonio Esteban, quién añadió que la reforma iba encaminada a “vaciar de competencias los órganos judiciales de gobierno, hasta ahora exclusivos de los jueces” en favor del “aumento de las competencias del Ministerio de Justicia” y el consiguiente perjuicio de la soberanía nacional. Esteban también remarcó la necesidad de que el Estado garantice la independencia económica de los jueces mediante unas retribuciones dignas que, según aseguró, “quedaban en la retórica”.

Por su parte, Carlos Núñez y Carlos Domínguez abordaron la cuestión de la ideología de los jueces y su interferencia en el dictamen de las sentencias. Núñez abogó por la no-afiliación de los magistrados a ninguna asociación profesional para garantizar la inexistencia de vínculos políticos en la ejecución de su función, mientras que Domínguez consideró inherente a la condición humana del juez la formación de una opinión hacia un caso concreto, sin que esto vaya en detrimento de una correcta aplicación de la Ley. En este sentido, Domínguez mostró su preocupación por el concepto de independencia judicial residente a la opinión pública y aseguró que el problema de funcionamiento de la Justicia española reside más en la carencia de recursos económicos, personales y logísticos que en las tendencias ideológicas de los jueces, puesto que los primeros “eternizan los procesos” y los problemas de los ciudadanos y privan a los magistrados de la “tranquilidad necesaria por el estudio de los casos”.