UNIVERSITAT DE LLEIDA

Un modelo matemático desarrollado por la UdL permite hacer previsiones sobre la pervivencia de los carroñeros en el Pirineo

Un estudio publicado en la revista (grupo Nature) que han llevado a cabo investigadores de la Universidad de Berna y de la Universidad de Lleida pone de manifiesto que, en un plazo de 20 años, un 75% de los 800 buitres comunes que habitan en el Pirineo catalán, podría desaparecer como consecuencia de la falta de animales muertos de los que se alimenta la especie. La flexibilización de la normativa sanitaria, que permite incrementar la presencia de cadáveres en la naturaleza, puede ayudar a garantizar la pervivencia, según los investigadores.

Para prever diferentes escenarios futuros, el Grupo Consolidado de Investigación en Ecopatología de Fauna Salvaje, donde participa la profesora de la UdL, M. Ángeles Colomer y el investigador de la Universidad de Berna, Antoni Margalida, han diseñado un modelo matemático con el que se pueden hacer estimaciones del comportamiento poblacional de los cuatro tipos de buitres que habitan en Europa (quebrantahuesos, alimoche, negro y común). Esto es posible cuantificando la biomasa aportada de hasta 17 especies de ungulados domésticos y salvajes que conforman el alimento de los carroñeros.

El estudio se ha realizado recogiendo datos en las comarcas de la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès y la Noguera, teniendo en cuenta las variaciones que se pueden producir en los meses de verano y de invierno. Introduciendo estas muestras al modelo computacional, se aprecia que los cuatro tipos de buitres analizados, sólo el común se vería falto de alimento con las condiciones actuales. Es por ello que el informe señala que hay que incrementar la presencia de animales muertos en estas zonas pirenaicas para mantener o, en el mejor de los casos, duplicar el número de ejemplares.

El artículo destaca también la contribución de los buitres al mantenimiento de los ecosistemas, eliminando los cadáveres de animales, que podrían provocar infecciones u otras enfermedades. En el conjunto del Estado español, donde se concentra el 95% de la población de estas aves, los investigadores calculan que se consumen unas 9.000 toneladas de animales muertos cada año. Esto supone un ahorro económico de cerca de un millón y medio de euros, frente a los costes que tendrían los ganaderos para deshacerse de estos restos. En 2001, a raíz de la enfermedad de las vacas locas, la Unión Europea prohibió dejó cadáveres en el campo, obligando a los ganaderos a destruir los restos de animales o reutilizarlas en instalaciones autorizadas.