Arbitraje

En los últimos días ha saltado a los medios una nueva noticia sobre arbitraje. La importancia de los implicados nos da una idea del alcance de las vías alternativas de resolución de conflictos: nada menos que el Gobierno de España y una larga lista de inversores internacionales de las principales empresas de energía fotovoltaicas.

El primero se enfrenta a una demanda arbitral, debido a su decisión de recortar las primas que había acordado conceder a las segundas. La medida fue aprobada el pasado mes de diciembre y tiene carácter retroactivo. Los afectados consideran que se perjudican sus intereses económicos y, si no se llega antes a un consenso, solicitarán la designación de un árbitro que dirima la controversia.

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El Centro de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN), del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, acaba de anunciar el nombre de la ganadora de la II Edición del Premio de Arbitraje Internacional. Se trata de Mary B. Ayad, doctoranda en el departamento de Derecho de los Negocios de la Universidad Macquarie en Australia.

Su currículum vitae revela una extensa experiencia como experta en asuntos de identidad, antropología, el Mediterráneo, Norte de Europa, Medio Oriente y Norte de África (conocida como región MENA). El título del trabajo con el que ha obtenido el galardón es «The Quest of the Holy Grail: A Harmonised International Comemercial Arbitration Law Code (HICALC) in Investor-State Arbitrations of Oil Concessions and Foreign Investment Treaties and Agreements«.

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El legislador es consciente de las necesidades de cada momento y ante el auge del arbitraje como coadyuvante de la jurisdicción ordinaria, propone modificar algunos aspectos de la Ley de arbitraje.

De este modo, ha dado traslado del proyecto de ley de reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje a los diferentes grupos parlamentarios que no han permanecido inmóviles,  realizando las correspondientes enmiendas que han estimado oportunas.

Entre las diferentes novedades que se plantean en el proyecto, destacamos la especificación del arbitraje estatutario donde, por unanimidad los socios, podrán introducir una cláusula de sumisión a arbitraje  para la impugnación de los acuerdos sociales. En este sentido, se le da un papel relevante a las instituciones arbitrales ya que serán ellas las que administrarán ese procedimiento y designarán a los árbitros.

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Juzgados y arbitraje

Como comentábamos el otro día, el arbitraje cada vez es más conocido y utilizado. No sólo a nivel internacional y entre empresas con una envergadura importante, sino también a nivel nacional y doméstico. La saturación de la justicia se ve incrementada por el volumen de arbitrajes que se dirimen en nuestro país y  que además llevan aparejada una ejecución. La ejecución se da cuando el condenado en el laudo arbitral no cumple con lo estipulado en él.

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España ha sido el primer país en ratificar las Reglas de Rotterdam, por lo tanto el primero que forma parte del  Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, según informó el servicio de información de la ONU el pasado 24 de enero.

Las Reglas de Rotterdam fueron adoptadas por la Asamblea General el 11 de diciembre de 2008 para establecer un régimen legal uniforme y moderno que rige los derechos y obligaciones de las partes interesadas en la industria del transporte marítimo, en un único contrato de transporte de puerta a puerta.

Las Reglas modernizan convenios anteriores que regían el transporte internacional de mercancías por mar. Proveen un marco legal con novedades tecnológicas y comerciales que han tenido lugar en el transporte marítimo, incluyendo el crecimiento del uso de contenedores, la necesidad de transporte de puerta a puerta bajo un único contrato de transporte y el desarrollo del comercio electrónico.

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En las últimas semanas, la palabra “arbitraje” suena en todos los medios de comunicación, pero no nos referimos al último partido que enfrentó al Real Madrid contra el Sevilla F.C. En diciembre se decidió por fin que una parte del conflicto entre AENA y el sindicato de Controladores Aéreos, USCA, fuera dirimido a través de la vía arbitral. En enero conocimos el nombre del árbitro: Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Además, si leemos noticias internacionales, encontramos que los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (conocidos también como ADRs debido a su denominación en inglés, Alternative Dispute Resolutions) aparecen en muchas de ellas. Sociedades como Starbucks y Kraft Foods, Google, AOL, Telefónica, Gas Natural o Sonatrach someten a arbitraje sus conflictos. En España, sin embargo, nos cuesta más. Una situación que muchos expertos achacan a la falta de conocimiento de sus ventajas (rapidez, especialidad, confidencialidad, neutralidad, flexibilidad e incluso los costes, por no mencionar que contribuye a la descongestión de la justicia ordinaria) y que desde nuestra asociación, la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade) tratamos de paliar.

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