Profesionales y académicos de la UA advierten de que el proyecto de ley sobre la traducción e interpretación judicial “pone en peligro los derechos de las personas implicadas en procesos penales” y “dilapida la inversión en formación”
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante han mostrado su indignación ante la negativa del gobierno “a debatir ni una sola de las enmiendas planteadas por colectivos profesionales y académicos para el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal encaminadas a garantizar la calidad de los traductores e intérpretes”. Según han declarado los respectivos decanos, Pedro Femenía y Juan Mesa, el proyecto de Ley Orgánica que se debate mañana, “pone en peligro necesaria seguridad jurídica en la que deben basarse las decisiones judiciales en materia penal, dificultándose la investigación y el esclarecimiento de los delitos”, ya que permite que cualquier persona con conocimiento de idiomas, sin formación ni garantías, pueda actuar como intérprete judicial.
Según los decanos, con la nueva ley “se dilapidaría la inversión en investigación y la formación realizada por la sociedad a través de las titulaciones universitarias, cuyo único objetivo consiste en formar profesionales cualificados para garantizar los derechos de todas las partes en el caso de tener que recurrir en sede judicial a las labores de un traductor o un intérprete”. Mesa y Femenía coinciden en que la actuación gubernamental “abre la puerta a una praxis profesional inadecuada, tanto como a la precarización laboral de los traductores e intérpretes judiciales”.